Hasta el 7 de agosto próximo cuenta el Gobierno para enviar al Congreso las indicaciones modificatorias de su proyecto de reforma tributaria, según lo establecido en el protocolo que suscribió con los cinco integrantes de la comisión de Hacienda del Senado. Dada la magnitud de los cambios convenidos, ese plazo es extremadamente breve. Ha trascendido que los equipos del Ministerio de Hacienda están trabajando a toda máquina para cumplir con el calendario previsto, en colaboración con los asesores jurídicos de los parlamentarios aludidos. Se trata de una tarea de suma importancia, por la complejidad de la materia en cuestión y porque al Gobierno le corresponde despejar cualquier duda que pueda haberse suscitado en días recientes sobre su voluntad de cumplir cabalmente con lo acordado en dicho protocolo.

En el debate público que ha suscitado el acuerdo han surgido interrogantes. Una de ellas es, por ejemplo, sobre la real capacidad de los impuestos planteados para recaudar los 8.200 millones de dólares que espera el Gobierno. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ha sido categórico en cuanto a que lo acordado es plenamente congruente con el propósito recaudatorio del proyecto original. Aunque algunos expertos han adelantado dudas, mientras no se conozcan los detalles de la propuesta es prematuro pronunciarse. El informe financiero de la Dirección de Presupuestos que debe acompañar a las indicaciones del Ejecutivo habrá de esclarecer el punto.

Otra materia que ha estado en debate son los cambios planteados a los regímenes para las pymes. Por ejemplo, el protocolo moderó la drástica reducción propuesta en el proyecto original para el tamaño máximo de las empresas agrícolas, mineras o de transporte que pueden acceder al régimen de tributación sobre la base de renta presunta. Aunque es discutible que esa modalidad siga siendo necesaria, es razonable que sea desmontada solo gradualmente. En cualquier caso, el protocolo incluye y perfecciona ciertas limitaciones aplicables a quien controle otros negocios y, para efectos de su acceso, consolida las ventas de las empresas relacionadas. Esta norma también se aplica a los regímenes especiales de ahorro e inversión para las pymes, de modo que la crítica de que ellos promoverían una suerte de "multi-RUT tributario" no parece válida. La existencia de tratamientos tributarios favorables a las pymes -cuyos representantes, explicablemente, defienden con ahínco- es una práctica habitual en los países de la OCDE, porque ellas objetivamente cuentan con más dificultades para pagar sus impuestos.

Lo que podría denominarse el corazón del acuerdo tributario es la posibilidad de optar entre el régimen de tributación por renta atribuida que crea la reforma y un sistema parcialmente integrado, semejante al de diversos países de la OCDE. El cómo se ejercerá la opción y otros detalles habrán de ser aclarados por las indicaciones, pero ya algunos comentaristas han planteado que, por su complejidad, el cambio podría alentar la elusión o la evasión. Incluso se han propuesto determinadas limitaciones para el tipo o la duración de las inversiones que las empresas podrían efectuar con sus utilidades retenidas. Desde luego, si una restricción semejante fuese necesaria, ella debiera haberse hecho presente en la negociación y redacción del texto del protocolo. Pero nada semejante parece haberse planteado entonces, porque se procuró instaurar normas semejantes a las empleadas en los países OCDE, que mantienen un tratamiento tributario favorable al ahorro y la inversión de las empresas y no restringen en absoluto su uso, aunque por cierto, mediante normas generales antielusión, previenen contra la simulación de gastos o inversiones. Ese es el marco establecido por el protocolo de acuerdo y cabe esperar que a él se atenga el Gobierno con sus indicaciones. Reabrir la discusión sobre lo ya acordado sería un despropósito de gravísimas consecuencias.