Señor Director:

Ayer se publicó en "El Mercurio" que diversas autoridades del país mantenían deudas morosas producto del financiamiento de sus estudios de pre y postgrado mediante el crédito universitario.

En la gran mayoría de los casos detectados, las autoridades morosas mostraron -al menos públicamente- su disposición a enmendar este lamentable comportamiento para alguien de la altura de un diputado, seremi o alcalde, lo cual al menos evidencia cierto arrepentimiento o vergüenza.

Sin embargo, me llamó profundamente la atención la descarada actitud del alcalde de San Vicente de Tagua Tagua, el señor Jaime González (PS), quien, pese a tener tres deudas morosas por un total de $ 45,5 millones con tres universidades, se arroja el derecho a no pagar por "una posición política" y profundizando que "es un acto de rebeldía" y que jamás va a pagar la deuda universitaria -afirma él- "porque creo que la educación gratuita es un derecho".

Declaraciones como la anterior no solo representan una forma de actuar en contra de la ley y al margen de la ética, sino que además, viniendo de una autoridad pública, es un pésimo ejemplo para los ciudadanos comunes y para todos aquellos que diaria y esforzadamente hacen todo lo que está a su alcance para cumplir oportunamente con sus obligaciones económicas.

Casos como el descrito deben hacer repensar la legislación para impedir que altas autoridades burlen la ley en lo que a morosidad con el Estado se refiere, ya que es impresentable que los contribuyentes terminemos pagando la cuenta de personas que descaradamente no cumplen con sus deudas.

En definitiva, me parece que ejemplos como el del señor alcalde de San Vicente de Tagua Tagua no hacen sino que evidenciar lo lejos que estamos de ser un país desarrollado.

Roberto Darrigrandi U.
Economista