Si bien las marchas y contramarchas del ministro de Educación caracterizaron políticamente a la semana que termina, se ha tratado, en rigor, de la agudización de un problema que se viene arrastrando desde el inicio del Gobierno. Equivocado sería, sin embargo, radicar toda la responsabilidad en la figura del actual titular de la cartera. Hay en la tarea asignada a Nicolás Eyzaguirre una suerte de intrínseca contradicción: elaborar, a partir de discutibles generalidades recogidas en el programa de campaña, una reforma integral y en todos sus niveles a un sistema educacional cuya configuración se ha definido a lo largo de más de 150 años de evolución histórica, y acometer todo ello en plazos absurdos, como aquel que impuso enviar al Congreso en los primeros cien días de administración el proyecto que modifica de modo radical las reglas del juego para la enseñanza particular subvencionada. Forzado por los tiempos, por la dificultad de construir una propuesta razonable que a la vez se haga cargo de consignas como la de la gratuidad absoluta, y por el mandato implícito de contener a los distintos actores involucrados, no es del todo sorprendente que el ministro incurra en contradicciones como las que se han visto.

Por lo mismo, sería simplista suponer, obviando tales complejidades, que los problemas de la reforma son una cuestión personal cuya solución pasaría por el relevo de quien hoy la lidera. De hecho, el ministro Eyzaguirre cuenta con importantes atributos para enfrentar el tema, partiendo por el de gozar de confianza y sintonía con la Presidenta de la República. Evidentemente, al escogerlo a él para asumir la cartera, ella no buscó un técnico especialista en Educación -el propio Eyzaguirre ha reconocido no tener esa expertise -, sino un político experimentado en la gestión pública y a la vez dotado de una mirada económica, necesaria para dar sustentabilidad a cambios de la magnitud que se pretende.

Cambio de etapa, no de persona

El éxito de tal apuesta requería, sin embargo, algunas condiciones que hasta ahora no se han cumplido. Desde luego, dotar a Educación de equipos asesores con el bagaje y conocimiento del sector que permitieran construir propuestas coherentes y realistas. También, contar Eyzaguirre con adecuado apoyo del resto del gabinete, y en particular de su comité político. Respecto del primer punto, el ministro ha privilegiado a figuras que, si bien aportan importantes redes de contactos, no parecen estar contribuyendo a la solidez técnica de las iniciativas. En lo político, en tanto, se lo ve solitario, sin que se aprecie la coordinación interministerial esperable cuando se trata de sacar adelante una reforma a la que el propio Gobierno atribuye carácter emblemático. Ambas situaciones contrastan con la anterior experiencia de Eyzaguirre en Hacienda, durante la administración Lagos. En su recordada gestión al mando de esa otra cartera, el ministro contó con la asesoría de algunos de los más destacados cuadros técnicos del país y a la vez formó afiatado equipo con el entonces titular de Interior, José Miguel Insulza, acometiendo con buen resultado desafíos como el de la recuperación económica post crisis asiática o el establecimiento de la regla fiscal.

En contraste, la relativa soledad actual ha tenido como fruto iniciativas en las que se aprecia algún sesgo económico, como la idea de comprar inmuebles de colegios para evitar el lucro, planteadas sin medir su efecto en el funcionamiento real del sistema educacional, y dando pie así a justificados temores respecto de un eventual sofocamiento de la enseñanza particular subvencionada y consiguiente menoscabo de la libertad de enseñanza. La misma ahora desechada idea de asegurar financiamiento para los primeros cuatro años de la educación superior trasluce preocupación por poner límites que tornen realizable la promesa de gratuidad, pero, planteada como lo fue, de modo inorgánico y sin el necesario trabajo político previo, solo produjo desconcierto.

Con el avance de la reforma tributaria en el Senado y el virtual estancamiento de la educacional, el país podría aproximarse a un escenario paradójico, cual es contar el Estado con recursos adicionales equivalentes a 3 puntos del PIB, pero con nula claridad respecto del proyecto que justifica tal incremento impositivo, hoy de alcances indefinidos y sin propuestas que aborden el verdadero desafío en esta materia: el mejoramiento de la calidad. Por eso mismo, siendo acertada la noción de que los episodios de los últimos días deben significar un punto de inflexión, el sentido de este ha de ser no el de un hipotético cambio ministerial que poco resolvería, sino el inicio de una nueva etapa y una nueva manera de enfrentar este tema.

Recrudecimiento violentista

Más allá de juicios respecto del desempeño de sus protagonistas, si algo dejó en claro la interpelación al ministro del Interior (que se comenta en esta misma página) es la magnitud del desafío que el recrudecimiento de distintas formas de violencia representa para la autoridad. Trátese de las dificultades para restablecer el imperio del Estado de Derecho en La Araucanía o de la nueva ofensiva anarquista, el problema exige respuestas que vayan más allá de la retórica.

Es destacable la decisión de hacer frente al fenómeno expresada por el secretario de Estado, y contrasta, por cierto, con su anterior banalización por determinados sectores de la Nueva Mayoría. La tarea, sin embargo, es pasar de las declaraciones a la acción eficaz. Importante para este objetivo será la capacidad de la autoridad para liberarse de contradicciones y de la limitación que imponen consignas como aquella de que "los conflictos sociales no se resuelven con la aplicación de la Ley Antiterrorista", una frase en sí misma inobjetable, pero que ha sido usada como excusa para evitar perseguir el violentismo con todas las herramientas que para ese fin otorga la institucionalidad.