La interpelación a que fue sometido el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, por el diputado José Manuel Edwards (RN) en torno al control de la seguridad pública en la Región de La Araucanía mostró, una vez más, cuán difícil resulta conseguir que el uso de dicho instrumento informe efectivamente a la ciudadanía respecto de la actuación de un ministro interpelado. Más allá de la escasa adecuación de esa institución propia de un sistema parlamentario a uno fuertemente presidencial como el nuestro, ello se debe en parte al cariz mediático del procedimiento y a la presencia de público que se manifiesta en el transcurso de él, lo que crea más bien una dinámica de debate que de interpelación.

En este caso, el interpelador introdujo en muchas de sus preguntas afirmaciones doctrinarias propias, pretendió extraer del ministro promesas específicas de trabajo futuro, o quiso resaltar negativamente la actuación de otros personeros del Gobierno, en particular del intendente Huenchumilla, en vez de consultar al secretario de Estado de manera directa y precisa sobre las debilidades que él advierte en su actuación. Esto, a su vez, dio pábulo para que el ministro diluyera muchas de sus respuestas con planteamientos de orden general que enmarcan la política del Gobierno en materia de pueblos indígenas, o haciendo afirmaciones respecto del gobierno anterior, sin necesariamente hacerse cargo del tema particular interpelado.

En futuras ocasiones convendría modificar el enfoque por ambas partes del manejo de este instrumento, que tiene gran valor en democracia, pues es la ocasión para desafiar públicamente el trabajo concreto de un ministro, sin la connotación de debate doctrinario o político que otras instancias parlamentarias puedan tener.

El problema de fondo envuelto en esta interpelación es que, para el ministro del Interior y para el Gobierno, el problema de seguridad y orden públicos en La Araucanía tiene la naturaleza de un conflicto social, y no de delincuencia o terrorismo, de modo que su aproximación para solucionarlo no contempla las herramientas normales de combate a estos últimos. Pero no aclaró el ministro de qué manera aborda el Gobierno la otra cara de la medalla que ese conflicto ocasiona, cual es la situación del resto de los ciudadanos de La Araucanía, que sufren la violencia de los grupos indígenas radicalizados, y sienten que la comprensión gubernamental del problema de los pueblos originarios solo se traduce en desatención de la violencia que ellos padecen y que tiende a quedar impune. Cómo piensa resolver el Gobierno la asimetría que dicha situación produce es lo que no logró plantear adecuadamente el diputado Edwards al ministro, y esta interpelación resultó, nuevamente, un ejercicio bastante inconducente.