Como es obvio, la violencia ejercida con armas de fuego es materia que no puede sino preocupar tanto a las autoridades como a la ciudadanía. Para graficarlo, baste recordar el perenne debate a este respecto en los EE.UU. Sin embargo, al igual como en discusiones legislativas en otros ámbitos, los cambios que se resuelva aplicar deben estar sólidamente fundados en la realidad, tanto de la efectiva naturaleza del problema -más allá de opiniones o prejuicios- como de la relación entre costo y eficacia social de lo que se proponga. Más allá de que todo cambio legislativo implica un costo en tiempo de tramitación parlamentaria, están los factores -más importantes- relativos a los derechos o libertades de aquellos a quienes la norma potencialmente afectará y, naturalmente, lo concerniente a la práctica misma, esto es, la fiscalización de su cumplimiento y la reacción del sistema de persecución penal ante quebrantamientos de la ley en cuestión.

Así, cabe tener presente que la legislación chilena actual que regula la tenencia y porte de armas de fuego es, en términos comparados, relativamente estricta. De hecho, en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad (Enusc) el porcentaje de hogares que declaran poseer un arma ha descendido de 8% a alrededor de 4% en los últimos 10 años; las inscripciones de armas han bajado sostenidamente (mientras a principios de los años 90 se inscribían más de 20 mil armas al año, en 2014 lo fueron solo 3.557), con lo que el stock de las legalmente inscritas asciende hoy a poco más de 760 mil, que equivale a una tasa de 4,5 armas por cada 100 chilenos -más baja que la de países como Finlandia, donde asciende a 45-. De estas, más del 40% son armas largas, y tal como se observa en otros países, tienen escasa relación con la violencia con armas de fuego. Al mencionado stock hay que agregar el ingreso al país y la producción local de armas ilegales, cifras que, naturalmente, se desconocen. Pero sí se sabe que, anualmente y tomando como referencia datos promedio del período 1990-2010, se declaran perdidas o robadas alrededor de 2.000; de manera voluntaria se entrega aproximadamente la misma cifra, y se incautan alrededor de 4.500 al año en procedimientos policiales. Dentro de estos dos últimos grupos están las que anualmente se destruyen, y que ascienden a más o menos 6.500 al año, la mitad de las cuales se califican como irregulares, pero no se reporta si estuvieron legalmente inscritas alguna vez.

En cuanto a causas de muerte, las estadísticas del Servicio Médico Legal establecen una tasa relativamente estable en el tiempo tanto de los homicidios en general como de la proporción de ellos que se comete con armas de fuego (alrededor de 30%). En consecuencia, la información disponible permite concluir que la manifestación más grave de la violencia con armas de fuego -los homicidios- no presenta tendencia general al alza, así como tampoco las inscripciones, y existe cierta correspondencia en magnitud de cifras entre las destruidas y las incautadas y reportadas perdidas o robadas.

Todo esto indica, por tanto, que el gravísimo problema de la violencia con armas de fuego que se expresa en balaceras y homicidios en los barrios críticos de las ciudades chilenas tiene más relación con armas ilegales, algo que difícilmente será tocado por cambios en la legislación actual. Siendo esta perfectible, el tipo de políticas llamadas a enfrentar mejor la situación de estos barrios se relaciona más bien con la persecución penal estratégica de quienes quebrantan la legislación actual y de quienes ejercen acciones violentas. Por eso, en las estrategias comunitarias preventivas, que son complejas y de largo aliento, como la Iniciativa Legua, el liderazgo de las autoridades no solo es necesario, sino decisivo y de gran impacto.