El Gobierno tiene la oportunidad de poner en marcha una nueva fase de reforma escolar. Hay acuerdo en lo esencial: el país necesita mejorar los resultados de aprendizaje de todos los estudiantes y, simultáneamente, estrechar la brecha que separa a los de rendimiento más alto y más bajo. Lo logró durante la década recién pasada. Si pudiese repetir esa performance, hacia el año 2020 nuestra educación estaría próxima al estándar promedio de los países de la OCDE.

Hay acuerdo, asimismo, en qué se debería hacer para alcanzar esa meta. Es imprescindible aumentar la efectividad de los colegios que atienden a los alumnos de los hogares con menor capital socioeconómico y cultural. Es decir, fortalecer los componentes esenciales del sistema: capacidades docentes, motivación y compromiso de los alumnos, trabajo de aula, gestión directiva y vínculo con las familias.

Por último, dispondrá el Gobierno de recursos adicionales -provenientes de un mayor ingreso tributario-, los que bien utilizados permitirían, precisamente, elevar la efectividad de los colegios subsidiados.

A pesar de tan favorables circunstancias (¡únicas, en verdad!), existe también la posibilidad de que el Gobierno desperdicie esta oportunidad singular o, incluso peor, que mediante acciones u omisiones de política pública produzca efectos negativos (no buscados, por cierto) que desestabilicen y hagan retroceder al sistema.

De hecho, un análisis realista de la actual coyuntura no permite descartar esta hipótesis adversa. Por el contrario, obliga a considerarla seriamente.

En efecto, el Gobierno plantea un diseño de reforma poco atinente al desafío que hoy enfrenta nuestra educación; diseño de suyo débil además y percibido como amenazante por una parte de los proveedores educacionales, padres y organizaciones culturales relevantes. Asimismo, ha experimentado notorias dificultades para establecer un equipo ministerial robusto y proyectar su liderazgo hacia el sector. La agenda sectorial aparece improvisada, cambiante y a ratos contradictoria. Y su comunicación ha sido derechamente deplorable, como reconocen güelfos y gibelinos.

En suma, la gestión política del principal eje programático de la administración no va acompañada por Fortuna ni se conduce con Virtù, los dos polos (el azar desordenado y la actuación prudente) entre los cuales se desenvuelve la política moderna según Maquiavelo.

A su turno, las medidas impulsadas desde el Gobierno para poner fin al copago, al lucro y a la selección después del sexto grado, con el paso de los días han ido perdiendo lustre. Ahora la moda es señalar que son meros instrumentos; es decir, medios intercambiables, desechables y, sobre todo, que admiten calibrarse de muy distintas maneras.

¿Tanta retórica encendida, entonces, para nada? En realidad, no debiera ser así.

Conviene, por lo mismo, distinguir entre los tres tipos de medidas y tratarlas separadamente. Las del fin del lucro, criatura esta de las palabras que obnubilan la razón, son las más confusas. A tal punto que el Gobierno está siendo forzado a precisar el diagnóstico que lo mueve a actuar, a replantear el objetivo que persigue y justificarlo, y a clarificar los medios (¿comprar o no colegios?) que servirían para alcanzarlo.

En cuanto al fin de la selección en la enseñanza media, no parece el Gobierno tener una evaluación clara de la situación previa (similar prohibición hasta sexto grado) ni una visión de qué hacer. Oscila entre formular ajustes técnicos a los procesos de admisión en el caso de colegios sobre-demandados o usar soluciones de última tecnología, como crear un mercado electrónico para emparejar localmente la oferta de vacantes y las preferencias de la demanda. Ausente se halla la cuestión de fondo: cómo organizar el futuro de la enseñanza media científico-humanista y técnico profesional.

Por fin, el término gradual del copago -bien diseñado y comunicado- podría contar con amplio respaldo social. Serviría para reforzar el carácter público de la provisión mixta, elevaría sustancialmente el gasto en subvenciones de acuerdo a una planificación anticipada, beneficiaría a los alumnos sin discriminar por tipo de sostenedores y otorgaría mayor flexibilidad a las estrategias de inversión educativa de los grupos medios emergentes.

El Gobierno está pues ante una encrucijada: o aprovecha la oportunidad para liderar una nueva fase de reformas educacionales, reforzando la provisión mixta bajo un régimen público más acabado, o la desperdicia y se concentra en medidas de bajo efecto en cuanto a mejoramiento educacional, pero potencialmente perturbadoras para el funcionamiento y la trayectoria del sistema escolar.

José Joaquín Brunner