Señor Director:

Entre las metas del Gobierno se encuentra la modificación de las normas sobre protección al consumidor y el servicio relacionado. Con ese objeto, la Presidenta ha enviado al Congreso un proyecto de ley que busca, entre otros objetivos, incrementar la regulación de la actividad económica y mermar así garantías a los empresarios en pos de hacerle más fáciles las cosas al Estado.

De esta manera, violentando la garantía de libertad de emprendimiento, que consagra nuestra Constitución (Art. 19 Nº 21), este gobierno espera empoderar al Servicio para otorgarle la facultad de interpretar las leyes, dictar normas de carácter general, fiscalizar su cumplimiento e incluso sancionar su infracción, sin mediar juicio alguno. Ponemos énfasis en que la garantía constitucional impone al emprendedor atender las normas legales que regulan "la" (esa) actividad, hecho que supone que no existen normas de regulación transversal. En este sentido es muy grave la iniciativa, en tanto los gobernantes pretenden regular, limitar, restringir "toda" la actividad comercial e industrial por esta vía.

La consigna de moda es intervenir, regular, inmiscuir al Estado en el ámbito particular. Sin embargo, en este caso, la intervención carece abiertamente de fundamento. El sistema de protección funciona, es accesible al público, es gratuito, de una sola instancia y las dificultades las resuelve un juez de la República.

¿Qué justificación tiene que un órgano administrativo adquiera atribuciones de colegislador y jurisdiccionales? ¿Por qué motivo se le van a entregar nuevas facultades para dictar normas si para ese objeto ya existe la potestad reglamentaria que reside en la Presidencia de la República y sus ministros? ¿Por qué va a entregarse la atribución de administrar justicia a un órgano de la administración si existen los tribunales adecuados y su independencia garantiza la imparcialidad del resultado?

No hay duda, este proyecto es innecesario y excede las garantías constitucionales.

Alberto Alcalde Herrera
Abogado