El intendente Huenchumilla hizo declaraciones que han sido motivo de amplio debate. He querido dejar pasar unos días para aportar una visión reposada y serena, puesto que para quienes vivimos en la Región de La Araucanía y sufrimos la violencia a diario, esto es mucho más que un debate político. Para nosotros se trata de la vida de nuestras familias, la tranquilidad de nuestros hijos, la posibilidad de vivir en paz.

El intendente hace un diagnóstico que extrema la realidad hasta un punto que, en mi opinión, la distorsiona. Él describe un cuadro en el que contrasta a cientos de familias mapuches que estarían viviendo en una hectárea cada una, mientras al lado habría un señor de Santiago que tiene dos mil hectáreas y que solo va para las vacaciones. Ese no es el problema de nuestra región. El intendente hace su diagnóstico a partir de un supuesto que valida la idea existente en el imaginario de quienes creen que acá se vive un conflicto entre el mapuche débil, expoliado, y el latifundista frívolo (tiene miles de hectáreas para vacacionar) que lo oprime. Esa falsa división entre buenos y malos no ayuda a avanzar en soluciones reales.

"Tienen que entender que deben entregar su fundo", nos dice el intendente. Pero, ¿quiénes tendrían que entregarlo?, ¿a través de qué procedimiento?, ¿más compras de la Conadi?, ¿expropiaciones? No lo precisa. La compra y entrega de tierras a las comunidades no ha traído la paz, sino que ha sido el combustible que ha alimentado una espiral de violencia. El Estado ha premiado la violencia con la entrega de tierras. Algunas comunidades pacíficas han sido sistemáticamente postergadas, mientras que aquellos que generan violencia doblegan al Estado logrando que les compren tierras, las que en muchos casos después quedan abandonadas y se pierde la capacidad productiva que tanto necesita nuestra región. Crecientemente, los gobiernos de uno y otro signo político han dado la señal de que en esta región la violencia paga. Esa entrega de tierras tampoco ha ayudado.

Como dirigente gremial no me corresponde a mí, ni a mis representados, ser contraparte política de las autoridades. No seremos nosotros quienes entremos en conflicto con el intendente y el Gobierno; sería una torpeza y una ingenuidad. Al contrario, nuestro interés es que a las autoridades, cualesquiera que sean, les vaya bien, que traigan el progreso y la paz. El intendente ha hecho un diagnóstico que lleva implícito un camino que requiere decisiones políticas mayores, las que deben pasar por el debate y las instancias normales en una democracia. Sin embargo, nosotros, la sociedad civil organizada, tenemos derecho a pedir que se adopten con pleno respeto a los derechos de las personas y ajustándose a nuestra institucionalidad. El Gobierno debe definir si apoya las leyes que sustentan el Estado de Derecho; tiene que definir su compromiso con las víctimas de la violencia y con todo ese mundo rural no mapuche que también sufre carencias, y apoyar a esas comunidades mapuches que son víctimas del apremio a que son sometidas por elementos violentistas que las tienen cautivas y bajo constante amenaza.

Vemos con preocupación que se sigue haciendo más de lo mismo, a pesar de que el discurso es otro.

Nosotros no levantamos un programa de gobierno, ni una ideología, solo llevamos en la mano la ley, cuyo gobierno es la única garantía de la seguridad, la libertad y la paz.

Emilio Taladriz M.
Presidente Multigremial de La Araucanía