Señor Director:

Llama profundamente la atención que el ex superintendente de Valores y Seguros Fernando Coloma siga intentando influir en el caso "Cascadas", transcurridos ya varios meses desde que dejó su cargo. El viernes pasado declaró públicamente que los recursos interpuestos en contra de las resoluciones dictadas por la SVS habrían tenido por propósito dilatar el caso, afectando con ello la institucionalidad. Asimismo, calificó de "inéditos" los recursos administrativos y judiciales que hemos planteado en defensa de don Julio Ponce.

Este tipo de razonamientos solo deja de manifiesto que el ex superintendente desconoce en su esencia lo que es un Estado de Derecho, pues es precisamente la institucionalidad la que otorga a los particulares el derecho a cuestionar y objetar las decisiones de la autoridad ante los tribunales y la Contraloría General de la República. Así lo dicen la Constitución y las leyes, pues nadie puede garantizar a los ciudadanos que la autoridad no cometerá errores en sus juicios y decisiones, o que tendrá, como creemos en este caso, una segunda intencionalidad. Sin embargo, en el mundo del ex superintendente es todo al revés.

Es necesario dejar en claro entonces que frente a decisiones que hemos considerado contrarias al ordenamiento jurídico se han presentado los recursos que dispone la ley. Para ello hemos recurrido a los mecanismos judiciales y administrativos previstos en nuestra legislación. Eso, evidentemente, no significa dilatar el procedimiento, máxime en un caso como este, en el cual, por razones que solo el ex superintendente puede explicar, formuló cargos respecto de operaciones bursátiles realizadas muchos años antes y justo cuando le quedaban seis meses en el cargo.

De ahí la importancia de que la justicia actúe y resuelva, opción que parece no existir en el mundo de Fernando Coloma.

Jorge Bofill
Raimundo Labarca
Abogados de Julio Ponce