Tras cien días en que la agenda impulsada por la Nueva Mayoría ha tensado severamente al sistema político, esta semana la autoridad ha entregado señales de contención que deben reconocerse. Desde luego, el viaje a La Araucanía del ministro del Interior permite superar equívocos y muestra al Gobierno asumiendo, finalmente, aquella tarea básica de acoger a las víctimas de la violencia en una zona en que el Estado de Derecho ha sido gravemente vulnerado. En un área muy distinta, pero igualmente crítica, la Presidenta ha recibido una propuesta transversalmente concebida para el desarrollo futuro de la política minera, y que en sí misma, al reunir entre sus autores a algunos de los más destacados técnicos del país, a relevantes figuras opositoras y a personalidades de la talla del ex Presidente Lagos, recupera aquella tradición de acuerdos que ha reportado a Chile sus mayores logros. También en educación, las declaraciones del ministro Eyzaguirre, en entrevista que publicamos hoy, al descartar afanes refundadores, constituyen un signo positivo, aun cuando no resulta todavía claro si ello permitirá cambiar los aspectos más discutibles de las iniciativas.

Al respecto, el paso de los días ha mostrado que los dichos del presidente de la DC, Ignacio Walker, cuestionando la idea de la compra masiva de inmuebles escolares por parte del ministerio ("gestor inmobiliario"), no fueron un exabrupto. El mismo personero ha advertido respecto de los alcances de otra iniciativa relevante, como lo es la del administrador provisional ("interventor", en sus palabras) para las universidades en problemas. Tales reflexiones parecen dar cuenta de desacuerdos que van más allá de aspectos puntuales de la reforma y que reflejan diferencias profundas en el modo de enfocar el tema, confirmando la necesidad de mayor diálogo y cautela al impulsar los cambios.

Precisamente prudencia y comprensión profunda de lo que es una democracia representativa han evidenciado dos figuras centrales del socialismo, su actual presidente y el ex senador Camilo Escalona, al manifestar su desacuerdo con la idea de una asamblea constituyente. Reivindicando uno su propia legitimidad como representante popular y valorando el otro la estabilidad que caracteriza al país, han contribuido a situar en su justa dimensión los discursos de quienes, en nombre de un movimiento social de difuso alcance, pretenden una suerte de demolición institucional.

El viaje del ministro del Interior a La Araucanía; la propuesta de desarrollo minero de una comisión transversal, y el descarte de afanes refundacionales por el ministro de Educación, son signos positivos.

Costos de la urgencia
Lamentablemente, estos primeros tres meses de gobierno han dado espacio para esos planteamientos extremos. Siendo comprensible, la decisión presidencial de imprimir un sentido de urgencia a su administración ha significado, en los hechos, una acumulación abigarrada de iniciativas, entre las que se incluyen las grandes reformas comprometidas durante la campaña -y que, por su profundidad y contenido, requieren de mucho más que un debate exprés-, pero también un conjunto de otros proyectos y anuncios de magnitud diversa. A eso se ha añadido el retiro o congelamiento de proyectos de la administración anterior, e incluso la reversión de iniciativas como la construcción de hospitales concesionados, cuyo origen se remonta a la Concertación, que gobernó hasta 2010.

Se ha creado así una imagen de aparente refundación del país, contraria, por cierto, a afirmaciones explícitas de la Presidenta en sus principales intervenciones públicas, pero que ha sido exacerbada por quienes, dentro de la coalición gobernante, adhieren a conceptos como los resumidos en la metáfora de la retroexcavadora, y que ven la oportunidad para imponer sus propias y radicales agendas. Contra esos intentos es que se enfrentan las señales de estos días.

La educación y la política
La expectativa de un nuevo enfoque, más comprensivo de las realidades y menos sujeto a dogmas y consignas, se acrecienta con los cambios anunciados en educación. Lejos de menoscabar el papel del ministro Eyzaguirre, el nuevo involucramiento de Interior en esta área resulta natural, desde el momento en que el propio Gobierno ha definido la reforma educacional como el eje central de su tarea, que justifica la necesidad de otros cambios (reforma tributaria) y por medio del cual pretende cumplir su promesa de igualdad. Desde esa perspectiva, la llegada a Educación, como jefe de gabinete, de un político especialmente cercano al ministro Peñailillo da cuenta, precisamente, de la dimensión política de lo que se pretende.

Dicha dimensión no se refiere únicamente a la necesidad de construir acuerdos entre los partidos que viabilicen el cambio, sino que involucra algo más profundo: asumir que una reforma educacional como la que se busca afecta de modo directo las vidas de millones de personas, las opciones de las familias y las bases de un sistema cuya configuración no es -como suele repetirlo cierto discurso- el resultado de un modelo neoliberal impuesto al país, sino el fruto de una historia de acuerdos construidos durante dos siglos en torno al respeto a la libertad de enseñanza y la valoración del pluralismo.

La alerta de dirigentes oficialistas al percibir la inquietud de su base social parece empezar a encontrar eco en la autoridad. Tal percepción se confirmaría si es que propuestas irreales, como la referida compra de colegios y todas aquellas que pretenden traducir consignas en políticas públicas, son objeto de una adecuada revisión.