Señor Director:

En las últimas décadas hemos discutido distintos proyectos de ley relativos a los impuestos, pero ninguno como el actual, el que vislumbra un claro contenido ideológico. Y no por los aumentos de impuestos para algunos sectores específicos de nuestra economía o por el alza en unos puntos porcentuales de los impuestos ya vigentes, sino que principalmente por el tipo de facultades que se le entrega al Servicio de Impuestos Internos (SII).

En efecto, en la reforma existen nuevas atribuciones que se entregan al SII para que pueda detectar si determinados actos o contratos de los contribuyentes son abusivos o simulados, en atención a que estarían destinados a eludir el pago de impuestos. Al carecer este proyecto de ley de los elementos objetivos suficientes para determinar con precisión estas circunstancias, se abre un margen de discrecionalidad por parte de la autoridad administrativa que deja al contribuyente en una situación desfavorecida frente al Estado. El funcionario del SII que fiscalice tendrá jurisdicción para establecer la intencionalidad que tuvo un contribuyente al momento de realizar o celebrar un acto o contrato jurídico, interfiriendo la libertad de los particulares de pactar en los términos que estimen convenientes.

Agrava esta situación el hecho de que al contribuyente o al asesor de este último, que se le sancione por estos actos, no tendrá la posibilidad de ser oído ni de presentar pruebas que demuestren su inocencia ni tampoco tendrá un real derecho de reclamación para que la resolución punitiva pueda ser revisada.

Este proyecto, al otorgarle esta clase de poderes a un órgano de la administración pública, hace que nuestro país se asimile a los regímenes totalitarios, quedando esta reforma marcada con la huella ideológica con la que la Nueva Mayoría pretende implementar los cambios que promueve en su programa de gobierno. Asimismo, estos excesivos y letales poderes discrecionales que se le entregan al SII abren nuevas oportunidades para la corrupción.

De esta manera, lo prudente sería que estos asuntos queden sometidos al conocimiento de algún tribunal que se encuentre sujeto a la aplicación de normas procesales que garanticen un debido proceso.

Lo más probable es que si el Gobierno no corrige el proyecto, tendrá que defender la reforma tributaria ante el Tribunal Constitucional, exponiéndose, innecesariamente, a una evidente derrota.

Por último, es necesario consignar que el Servicio de Impuestos Internos debe estar dotado de las atribuciones que sean necesarias para fiscalizar y sancionar a los contribuyentes inescrupulosos, pero manteniendo un equilibrio con los derechos y garantías que establecen la Constitución y las leyes, especialmente respetando el principio de la autonomía de la voluntad y la garantía procesal que tiene toda persona de ser sometida a un debido proceso.

Iván Moreira Barros
Senador UDI