Señor Director:

Debo agradecer al profesor Antonio Bascuñán que en su columna de ayer, en respuesta a una mía anterior, haya precisado lo que se espera de una ley de aborto para que -según sus palabras- sea seria y operativa. De su exposición, queda claro que lo que se buscaría es: primero, que se declare que el aborto sea lícito (aunque en ciertos supuestos); segundo, que se dé a la mujer el derecho a obtenerlo, y tercero, que el Estado cree un marco jurídico para que ese derecho sea ejercitable como una prestación de salud.

En consecuencia, es falaz lo que se suele afirmar que una ley que autoriza el aborto no obliga a nadie a abortar. Si se consagra el derecho a interrumpir el embarazo por medio de la eliminación del feto y se le reviste del carácter de prestación médica, es obvio que estarán obligados a llevar a cabo la intervención abortiva todos aquellos que sean legalmente requeridos para ello. Estas personas quedarán expuestas a sanciones o incluso a responsabilidad civil si se estima que no dieron la oportunidad a una mujer para que abortara. Así, el nacimiento de un niño pasará a ser considerado un "daño indemnizable".

Tengo la impresión de que el profesor Bascuñán más bien confirma que refuta mi afirmación de que es erróneo calificar de "despenalización" lo que en realidad es una institucionalización del derecho a abortar. Si queremos un debate verdaderamente maduro e informado, como pidió la Presidenta Bachelet, deberíamos utilizar términos que no pretendan encubrir los alcances jurídicos de la legislación que se propicia.

Hernán Corral Talciani