Nadie puede sentirse postergado o menoscabado por el hecho de que una autoridad visite en la cárcel a una persona condenada por un delito, menos aún si ello responde a razones humanitarias o de índole personal. Pero la situación es muy distinta cuando la autoridad encargada del orden público realiza una visita política a un condenado por delitos de homicidio y declara que lo hace porque se trata de una persona "emblemática" para ciertos grupos o sectores. Tal visita pasa a ser un hecho político de gravedad cuando estos sectores se consideran únicos poseedores de la verdad y, en virtud de ello, eximidos de observar las reglas democráticas hasta el punto de legitimar el uso de la violencia. La visita del intendente de La Araucanía a Celestino Córdova puede ser muy bien intencionada, pero daña al Estado de Derecho al transmitir la impresión de que la autoridad dialoga con quienes hacen uso y apología de la violencia más brutal para imponer sus puntos de vista.

Dicha visita, además, manifiesta con claridad que para el Gobierno los delitos por los que Córdova se encuentra condenado no son comunes, sino que tienen un contenido político explícito e indubitado. Conforme a la legislación vigente en Chile, ciertos delitos graves como homicidios, secuestros, colocación de explosivos, etc., se consideran terroristas cuando no se cometen simplemente para obtener dinero o satisfacer un interés personal, sino con la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie o para coaccionar a la autoridad. Por tanto, cuando es la misma autoridad quien reconoce a los violentistas el carácter de actores políticos, la consecuencia obvia sería la aplicación de las leyes que el país se ha dado para lidiar con esta clase de delincuencia, entre ellas la Ley Antiterrorista. La actuación del Gobierno a través del intendente es, en consecuencia, contradictoria con lo declarado al respecto por la Presidenta de la República y sus colaboradores en la cartera de Interior.

Las actuaciones del intendente de La Araucanía manifiestan también una preocupante personalización del llamado "conflicto mapuche", cuya solución parece haberse convertido en una especie de "cruzada personal" suya. Al declarar que, por la paz social, él se "quemaría a lo bonzo" en la plaza de Temuco, parece estar personalizando funciones que son esencialmente institucionales. Una situación como esta reduce las posibilidades de acción del Gobierno, fomenta lealtades y compromisos personalísimos que luego se convertirán en obstáculos ante cualquier cambio de orientación, y profundiza las diferencias con quienes no simpatizan con un determinado estilo personal.