Estamos a la defensiva, más bien, casi paralizados ante la ofensiva comunicacional de Bolivia. El Presidente Morales, su Vicepresidente, ex presidentes, parlamentarios y embajadores itinerantes bolivianos recorren el mundo promoviendo su demanda ante La Haya. Los enviados especiales -afines y opositores al gobierno de Morales- aprovechan foros multilaterales, dictan conferencias en universidades y centros de estudios internacionales, se entrevistan con ex mandatarios y personajes influyentes y distribuyen material especialmente preparado para sus cometidos. Afincan el mito de que Bolivia no tiene un derecho privilegiado de libre tránsito para salir al Pacífico, atribuyen sus desventuras a la mediterraneidad y no a los fracasos de sus gobernantes e instituciones, e insisten en que la Corte puede obligar a Chile a concederle territorios soberanos, alterando límites y tratados. Semejante competencia es improcedente, la eventual sentencia inaceptable y el precedente, funesto para la estabilidad mundial de las fronteras.

La campaña boliviana asume que la dimensión política del litigio es trascendental, que los jueces de La Haya no son indiferentes a la opinión pública ni a la influencia de los gobiernos: están conscientes de que el apoyo internacional a su reclamación es útil para persuadir a los magistrados.

Chile, en cambio, ni siquiera ha repetido la publicación de la respuesta de los ex cancilleres, como lo hiciera para replicar a la demanda peruana. Está pendiente la recomendación de concretar acciones planificadas, con asesoría especializada de expertos comunicacionales. Esta no es una tarea de los agentes ni de sus equipos jurídicos. Parece que no aprendimos de la reciente experiencia del juicio sobre delimitación marítima con el Perú. Entonces prevaleció la tesis de los contraproducentes riesgos de acciones fuera de los estrados de la Corte de La Haya.

También es impostergable plantear, desde luego y sin temores, la excepción de incompetencia de la Corte. No deberíamos renunciar a ese recurso preliminar. Contamos con excelentes abogados y fundamentos. Es preciso dar una pronta señal, jurídica, política, decidida, no postergada ni diluida en otras alegaciones de la contramemoria. Ha transcurrido más de un año desde la presentación de la demanda boliviana y no podemos esperar otro para reclamar la incompetencia.

La Corte de La Haya no tiene jurisdicción, no puede admitir ni seguir adelante con una demanda sobre un tratado anterior a 1948, punto de partida de los asuntos bajo su competencia. Ese no fue el caso de la demanda peruana en que los tratados invocados eran de 1952 y 1954. Lo que busca Bolivia por la vía encubierta es una reivindicación territorial y el desconocimiento del tratado de paz de 1904 que fijó la soberanía nacional y los límites definitivos entre Chile y Bolivia.