Señor Director:

El año 2009 la Presidenta Bachelet promulgó, luego de una larga discusión, la Ley General de Educación. En ella se estableció que los sostenedores educacionales debían ser personas jurídicas con giro único en educación, dejando atrás a personas naturales o instituciones con un giro múltiple que administraban establecimientos educacionales. Por otra parte, se creó una Agencia de la Calidad de la Educación y una Superintendencia de Educación Escolar.

En los últimos años los establecimientos debieron gastar tiempo y recursos en adecuarse a la ley. Fueron necesarias dos leyes adicionales para que el objetivo se cumpliera totalmente. Si bien nadie duda de la buena intención de esa medida, ninguno de los logros ni déficits que hoy presenta el sistema educacional puede ser atribuido al cambio en la estructura jurídica de los establecimientos educacionales.

Cinco años después, la Presidenta pretende que, nuevamente, parte importante de los sostenedores privados cambien su estructura societaria y pasen a constituirse como instituciones sin fines de lucro. Sin que exista ninguna evidencia concluyente respecto de las virtudes de esa medida.

Sí conocemos sus costos, habrá buenos sostenedores que saldrán del sistema y los que decidan seguir deberán invertir en adecuarse a la norma y no en pensar cómo lograr que los alumnos mejoren sus desempeños. Tal como en la reforma del 2009, es posible que estos cambios no tengan un impacto en aprendizaje, por lo que es factible que en cinco años más estemos nuevamente discutiendo cómo han de organizarse los establecimientos.

Para avanzar en el logro de una educación de calidad, una tarea cuyos resultados se ven a largo plazo, se requiere de estabilidad, reglas claras y avanzar en medidas que verdaderamente apunten a mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Pablo Eguiguren
Investigador AcciónEducar