La Nueva Mayoría quiere dar al Estado más poder para orientar y regular la marcha de la economía. El reciente mensaje presidencial está colmado de referencias en esa dirección, que se traducen en la creación de varios nuevos ministerios y secretarías, diferentes agencias supervisoras o fiscalizadoras, aportes de capital a empresas públicas y una multitud de "fondos" alimentados con recursos de todos los chilenos. Cabe preguntarse si el aparato estatal está dotado de la capacidad para desempeñar bien todas estas nuevas funciones.

Tradicionalmente, la acción del Estado se ha visto fuertemente limitada por la falta de presupuesto; pero más allá de la recaudación prevista de la reforma tributaria, este tema no figuró en el discurso presidencial. Pareciera partirse de la base de que los recursos ya están disponibles o se accederá fácilmente a ellos en el futuro. La reforma educacional, por ejemplo, presupone que a los sostenedores de escuelas particulares les bastará la promesa de más aportes estatales para seguir desempeñando su importante labor. Pero, ¿quién puede asegurarles que, a futuro, cayendo por ejemplo el precio del cobre, ese financiamiento seguirá disponible?

Una manifestación de la fragilidad de las estimaciones presupuestarias sobre los ingresos supuestamente "permanentes" del fisco la acaba de dar a conocer el propio ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Según sus cálculos, el fisco dispondría el presente año de 2.000 millones de dólares menos que lo presupuestado y podría ser necesario echar mano de los ahorros que acumulan los fondos soberanos. Para muchos expertos, las estimaciones de PIB potencial y de precio del cobre que habrán de incorporarse en el presupuesto fiscal de 2015 deberán ser corregidas a la baja. En particular, la pronunciada caída que está experimentando la inversión redundará negativamente en la capacidad de crecimiento de la economía y en la futura recaudación tributaria. El Gobierno cifra sus esperanzas en la reforma, pero, en una economía tan desacelerada, bien puede ocurrir que ella reditúe menos que lo esperado. No es descartable que los próximos mensajes presidenciales se vean obligados a hablar más de austeridad y menos de prodigalidad.

La debilidad de sus instituciones y su dificultad para captar y retener personal idóneo es otra importante limitante del Estado. En las últimas décadas, su "modernización" ha sido un objetivo compartido por los sucesivos gobiernos. Fruto de ese empeño fue la importante creación del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) y del Sistema de Empresas Públicas (SEP). El SADP preselecciona por concurso las ternas de entre quienes luego la autoridad política designará a los niveles superiores de una amplia variedad de servicios públicos. Desde su creación, 10 años atrás, se ha multiplicado por cuatro el número de cargos sujetos al SADP -con el consiguiente costo- y se ha demostrado que es muy difícil para un gobierno tolerar en muchos de esos puestos a personas que no cuentan con su confianza política. Aunque el SADP contribuye a limitar el dañino cuoteo partidista, es dudoso que en su forma actual asegure que los mejores accedan y se mantengan en las posiciones clave de la administración pública.

En relación con el SEP -actualmente un mero comité dependiente de Corfo-, los dos gobiernos anteriores intentaron mediante una ley consagrar su responsabilidad en la designación y supervisión de los directorios de las empresas públicas. Pero aquellas más importantes -Codelco, Enap y Banco del Estado- no caen dentro de su ámbito. Los nombramientos hasta ahora efectuados por el nuevo gobierno, sin perjuicio de los méritos personales de los favorecidos, están marcados por su afinidad política con los partidos de gobierno, y en algunos casos muestran notoria falta de experiencia empresarial. Se han anunciado futuros aportes de capital para las citadas empresas públicas más importantes, pero sin un gobierno corporativo independiente, transparente y competente, es difícil que cumplan a cabalidad lo que se espera de ellas.