Un destacado pasaje de la reciente cuenta presidencial hizo referencia al agua. La Jefa de Estado anunció: "Hemos propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público (BNUP) en sus diferentes estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas". A continuación, subrayó el cambio climático, la sequía y la sobreexplotación de cuencas, entre otros temas. Y finalizó este tópico reiterando que su propuesta será reconocer al agua como bien nacional de uso público en sus diversos estados.

Se ha comunicado así formalmente como propuesta a la ciudadanía lo que es una realidad jurídica en la ley chilena hace varias décadas. Ya en 1951 el Código de Aguas definía a las aguas como "bienes nacionales de uso público o propiedad particular". Más tarde, en 1967, se aprobó una reforma por la cual se declaró que "todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público". Este criterio se reiteró en 1969 y, finalmente, el Código de Aguas de 1981, actualmente vigente, consagra en su artículo 5° que "las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código".

Si las aguas están declaradas hace décadas como bienes nacionales de uso público, ¿en qué consiste el anuncio presidencial? Es posible -y así parecería desprenderse de declaraciones posteriores del ministro de Obras Públicas- que la política presidencial de aguas busque establecer una mayor limitación del uso de ellas en las cuencas sobreexplotadas. El ministro del Medio Ambiente aclaró que se busca que el Estado tenga un rol fundamental en la planificación y otorgamiento de los derechos de agua, rol que razonablemente se puede decir que ya existe en nuestro orden jurídico.

Es posible, asimismo, que la Presidenta reactive el proyecto de reforma constitucional de aguas que envió al Congreso durante su primer período, o alguna iniciativa similar. Pero nada de esto puede deducirse del anuncio genérico que se escuchó el pasado miércoles.

La solemnidad del Congreso Pleno del 21 de mayo aconseja que los anuncios, por breves que sean, incluyan desde luego elementos mínimos de desarrollo u orientación para que la ciudadanía perciba cuál es el giro, el acento o la novedad que se pretende, sin dar pábulo a especulaciones inciertas.