En el mes en que se celebra la libertad de prensa en el mundo, surge un nuevo caso que amenaza fuertemente su ejercicio, esta vez en Bolivia, y que se relaciona con nuestro país.

La Procuraduría General del Estado de Bolivia -equivalente a nuestro Ministerio Público- acusó hace algunos días a un periodista del diario La Razón por los delitos de "espionaje" y "revelación de secretos", y a la directora del diario, por "complicidad". La acción se originó en el reportaje publicado en el suplemento Animal Político que circula con dicho periódico.

El artículo abordaba la demanda presentada por Bolivia en contra de nuestro país en la Corte Internacional de Justicia ubicada en La Haya. Pero lo que provocó una fuerte indignación en las autoridades altiplánicas fue la publicación de la deliberación gubernamental sobre la estrategia judicial, en que finalmente prevaleció la tesis denominada "de los actos unilaterales". Sostuvieron que el diario reveló información reservada.

El gobierno presidido por Evo Morales dedujo la acción penal, y la justicia les dio tres días de plazo a los periodistas para que revelen la identidad de su fuente. Con razón la decisión del Ejecutivo boliviano ha provocado un justo y unánime rechazo por la violación a la libertad de prensa que afecta tanto a medios de comunicación como a periodistas por el solo hecho de divulgar información de interés público a la sociedad.

El secreto profesional reconocido usualmente por la ley -incluida la boliviana- es un derecho y además uno de los instrumentos más útiles y eficaces de los que disfrutan los periodistas para acceder a un tipo de antecedentes difíciles de obtener.

Sin tal garantía, muchos ciudadanos, temerosos de represalias, no se atreverían a suministrarles a los medios información diversa y relevante para todos los ciudadanos. La democracia se resiente y se empobrece la deliberación colectiva sobre asuntos comunes. Por tales motivos, se suele decir con razón que el fundamento del secreto profesional de los periodistas es el favorecer un amplio y libre flujo informativo, tanto en su calidad como magnitud, lo que conlleva beneficios directos a toda la sociedad.

El reportaje publicado por el diario La Razón, titulado "De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales", contenía sin duda información de interés general no solo para Bolivia, sino también para Chile. Si bien la relación con nuestro país es un asunto sensible, acusar a profesionales de la información de espionaje en el marco de un proceso judicial que se fundamenta en el impreciso término de "secreto de Estado" creará un peligroso precedente para los periodistas de investigación y puede tener un efecto disuasorio para sus fuentes de información.

Otro aspecto singular del caso -que debiese resolverse luego- ha sido la declaración del fiscal de la investigación, quien sostuvo que "lo único que se busca" con esa solicitud de investigación" era identificar a la persona que habría filtrado información reservada y protegida por ley. También la del Vicepresidente Álvaro García, quien informó haber decidido el camino judicial debido al fracaso que tuvieron en la búsqueda del confidente indiscreto, que al parecer es un funcionario público.

Acusar a periodistas de delitos tan graves como el espionaje y revelación de secretos recurriendo a la vía penal, con todo lo que representa la utilización del aparato punitivo del Estado, no se condice con las razones expresadas por el gobierno boliviano en contra del diario La Razón.

Pedro Anguita R.
Profesor Derecho de la Información
Universidad Alberto Hurtado