El ambicioso programa de reformas que impulsa la Presidenta no debe caer en la peligrosa tentación de querer cambiarlo todo. Una buena señal ha sido su decisión de mantener la política fiscal adscrita a la regla del balance estructural y continuar con el Consejo de Política Fiscal instituido en la administración anterior. Por eso sorprendieron las declaraciones del Tesorero General de la República, en cuanto a que se estaría traspasando la administración profesional de los llamados "fondos soberanos" desde el Banco Central a esa repartición pública, sin que mediara explicación. Aparentemente, sería un malentendido y el cambio administrativo en curso sería de alcance limitado. Pero aun así el equívoco es una mala señal, porque evidencia un ánimo de poner en tela de juicio, desaprensivamente, instituciones que han servido de garantía de la estabilidad de la economía chilena.

De acuerdo con la información oficial, el Tesoro Público contaba con activos líquidos equivalentes a la impresionante cifra de casi 32 mil millones de dólares a marzo pasado. De entre ellos, los fondos soberanos, constituidos por el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), totalizan 23 mil millones de dólares. El remanente está conformado por el Fondo para la Educación (con 4.000 millones de dólares) y activos de libre disponibilidad (por algo menos de 5.000 millones de dólares). El FEES y el FRP fueron creados por ley a mediados de la década pasada, se han alimentado ambos de los superávits del presupuesto fiscal y su propósito es, para el FEES, cubrir las eventuales caídas pasajeras de los ingresos fiscales debidas a los altibajos del cobre y de la actividad económica, y para el FRP, acumular ahorros para hacerse cargo a futuro del mayor gasto público previsto en pensiones solidarias.

La administración de los fondos presenta complejidades políticas y técnicas. La ley no es muy precisa respecto de la naturaleza de las inversiones a efectuar y podría ser tentador financiar con ellos necesidades fiscales o de las empresas públicas. No hace mucho, desde el Gobierno se planteó la posibilidad de destinar una fracción a los proyectos de inversión de Codelco. Alguien podría querer utilizarlos para recapitalizar Enap, o para obras de infraestructura o programas de educación. Sin embargo, cualquiera de esos usos, por conveniente que fuere, importaría desdibujar su función macroeconómica: recibir y mantener los ahorros públicos generados en los años de bonanza y así poder recurrir a ellos en períodos más críticos.

La administración de los cuantiosos fondos representa también un importante reto profesional. Cada punto porcentual de rendimiento de los activos del Tesoro le significa ingresos adicionales por más de 300 millones de dólares al año. Hasta ahora esa administración ha sido llevada de manera competente principalmente por el Banco Central, aunque la fracción invertida en acciones es gestionada por bancos internacionales expertos. No hay razón aparente para alterar esa práctica. Pero la calidad de la gestión debe ser monitoreada de cerca por las autoridades fiscales e informada con más detalles a la opinión pública.