El Gobierno dio a conocer ayer su esperada agenda energética, con el ambicioso objetivo de "servir como hoja de ruta para construir y ejecutar una política energética de largo plazo que tenga validación social, política y técnica". El documento modifica algunos énfasis, pero no abunda en propuestas que supongan cambios radicales, al menos en la visión de quienes han seguido la evolución del sector. Cabe, desde luego, destacar el trabajo previo realizado por el ministro del área, quien durante sus dos primeros meses de gestión se dedicó a estudiar un sector que no conocía y a conversar con las distintas partes involucradas. Este ejercicio le permitió formarse una visión global y probablemente explica la relativa moderación que, en general, muestran sus planteamientos.

Los principales objetivos perseguidos por el ministerio no han variado y en cuanto tales resultan incuestionables: se desea aumentar la seguridad del suministro energético y reducir su costo, de manera de mantener la competitividad de la industria nacional y beneficiar a los usuarios. El plan omite HidroAysén del horizonte de evaluación a 2025, lo que tal vez sea más honesto que la situación de virtual limbo en que ha estado el proyecto durante los últimos años. Ese es el motivo principal por el cual el costo de las licitaciones de energía eléctrica en el futuro se estime, optimistamente, en 98 dólares por megawatt hora, y no en un valor menor.

La agenda le da a Enap un rol más activo que el actual en políticas energéticas, en igual línea que el papel jugado por esa empresa en la construcción de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de Ventanas, durante la Presidencia de Ricardo Lagos. La agenda promueve las energías renovables no convencionales (ERNC), pero no se altera el objetivo 20/25 que se definió en el gobierno anterior. Así, el plan es que hasta 2025 el 45% de la capacidad adicional del sistema provenga de ERNC. Y como la mayor parte de las ERNC consideradas (eólica y fotovoltaica) tienen factores de capacidad de a lo más 30-35%, se obtiene una generación renovable adicional de 1.100-1.200 MW.

También se plantean cambios interesantes en algunas materias. Por ejemplo, se vuelve a dar énfasis a la eficiencia energética, medida que debió tener mayores recursos para ser difundida durante el gobierno pasado. Además, se aumenta la capacidad de análisis técnico y estratégico del Ministerio de Energía y de la Comisión Nacional de Energía, aspecto descuidado por sucesivas administraciones, y se propone lograr una mejor capacidad de respuesta ante emergencias. Otras medidas ya habían sido planteadas antes por el CADE, la comisión asesora que funcionó durante el gobierno anterior. Entre ellas, el rediseño de las bases de licitación para aumentar los plazos de preparación, o la asignación de compensaciones permanentes a las comunidades y regiones en que se instalen los proyectos.

Entre las novedades, la agenda advierte de deficiencias en el sector gasífero, por ejemplo en la distribución del gas de red, cuya rentabilidad podría ser hoy excesiva y frente a lo cual se propone un mecanismo de fijación tarifaria similar al usado en otros servicios públicos. Asimismo, se propone intervenir en los terminales de GNL, para que los excedentes de corto plazo puedan ser aprovechados por un actor entrante en las licitaciones de distribución de corto plazo que se planea realizar mientras mejoran las condiciones estructurales del sector.

¿Será esto suficiente para hacer bajar los precios? El plan considera un aumento importante a 2025 en la generación de base, pero la mayor parte de esos proyectos ya están en construcción, según los criterios de la CNE. Con ellos, las licitaciones de distribución a valores de 138 dólares por MWh han sido declaradas desiertas. Clave para reducir valores es que exista suficiente confianza respecto de las posibilidades de materializar proyectos de generación de base (centrales de relativo bajo costo, que operen en forma permanente), precisamente los que enfrentan más oposición local y de grupos ambientalistas. Cabe la esperanza de que las compensaciones locales en que se vuelve a insistir, el uso de mecanismos de ordenamiento territorial y los nuevos estándares para los estudios de impacto ambiental puedan significar un estímulo.