Existe preocupación por las dificultades asociadas al plan de financiamiento de las inversiones de Codelco y a sus costos productivos. Es cierto que el año pasado su costo C1 (cash cost, que incluye los costos de operación, los cargos de refinamiento y tratamiento de cátodos, y los créditos por subproductos) se redujo en 0,3%, pero en el mismo período la empresa Anglo American logró rebajarlo en 9,5%. Ambas compañías habían enfrentado un aumento en estos costos en los últimos años y han logrado detener esa escalada, pero a un ritmo diferente. Las explicaciones pueden ser variadas y no todas enteramente atribuibles a la empresa estatal, pero se trata de un asunto de alta trascendencia para Chile.

En efecto, las diferencias de ingreso per cápita entre países se explican solo parcialmente por los distintos niveles de capital físico y humano que puedan existir entre ellos. El factor principal es la productividad o la eficiencia de las economías. Muchas veces esos variados niveles de productividad se asocian a innovación o a un progreso tecnológico sofisticado. Sin embargo, estas dimensiones forman parte de un conjunto más amplio, que puede denominarse como reducción de los costos reales. Todas aquellas iniciativas que permiten liberar recursos para ser empleados en otras actividades económicas o, con el mismo nivel de estos, producir más en un sector específico, se inscriben en esa categoría amplia.

Una economía libre, con instituciones sólidas y políticas eficaces, es un requisito indispensable para promover más eficiencia. Las empresas establecidas tienen una natural inclinación en esta dirección, toda vez que ello se traduce en mayores ganancias. Asimismo, en esas economías es habitual que surjan nuevos emprendimientos que apuntan a aprovechar oportunidades no detectadas o innovaciones no materializadas en áreas previamente exploradas pero insuficientemente desarrolladas. Pero para que estas ganancias en eficiencia sean el norte de la actividad económica es importante que las instituciones y políticas en operaciones promuevan esa actitud y no la búsqueda de rentas a través de disposiciones que frenen la competencia. También es importante que los resultados de esa mayor eficiencia que se puede lograr a través de acciones empresariales o innovaciones puedan ser apropiados por sus realizadores, y que no enfrenten barreras artificiales para llevarlas adelante. En algunos casos estas últimas pueden provenir de fallas de mercado, pero también de disposiciones de otra naturaleza que, con voluntad política, no son tan complejas de superar.

En el caso de Codelco, hay diversos factores que influyen en su desempeño, entre ellos un plan de inversiones que el Estado siempre duda de financiar en su totalidad. Después de todo, esos recursos tienen usos alternativos y tampoco la supervisión que pueden ejercer los gobiernos es tan precisa. ¿Cómo exigir y asegurar, entonces, un mejor control de los costos? La respuesta aparece de algún modo vinculada con el plan de inversiones; se ha señalado que este se podría financiar con fondos soberanos, pero ello no resuelve la escasa capacidad de supervisión del Estado. Una mejor solución puede ser una emisión de acciones de Codelco que el Estado podría contribuir a suscribir, por ejemplo, con parte de los fondos soberanos, pero una parte de la cual también pudiese ser suscrita por inversionistas como las AFP, personas naturales u otras entidades que apoyasen en la supervisión de la empresa y en la concreción de un buen plan de inversiones. De hecho, quizás el mejor apoyo para el Estado en su interés por lograr un Codelco competitivo sería la evolución que registre el precio de la acción en comparación con empresas similares. Cuando el Ejecutivo acaba de nombrar a tres nuevos miembros del directorio de la cuprífera y debe adoptar decisiones cruciales respecto de su futuro, resulta necesario abordar esta discusión sin prejuicios.