En las últimas semanas se ha planteado un importante debate respecto de si el país debiera retomar esa forma de hacer política que -a comienzos de la década de los noventa- se conoció como "democracia de los acuerdos". Esto, ante la acusación de que la coalición gobernante estaría "pasando una aplanadora" para imponer cambios profundos al modelo político, social y económico, gracias al control que la ciudadanía le confió de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El tópico es de la más alta importancia, ya que dice relación con la propia naturaleza de la política democrática y, más específicamente, con el rol que el consenso debe jugar en la misma.

Si bien parece de sentido común considerar que los acuerdos son preferibles a la confrontación, una mirada más serena del asunto sugiere que -al menos en el ámbito de lo público- las posibilidades no se reducen a estos dos polos. En efecto, en una era caracterizada por Jürgen Habermas como "posmetafísica", en que existen discrepancias profundas entre personas razonables acerca de cuestiones fundamentales (como si el matrimonio entre personas del mismo sexo representa una aberración, o más bien una exigencia de justicia), la cuestión no se reduce al binomio consenso-confrontación.

Una estricta adhesión a la "democracia de los acuerdos" obligaría a que en asuntos que suscitan controversia se intentara siempre llegar a una solución de compromiso entre las diferentes posiciones en juego. El problema, sin embargo, es que ello no siempre será posible y, en algunos casos, será derechamente desaconsejable. En efecto, para quien piense que el aborto representa un crimen atroz contra una persona inocente, un acuerdo que lo legalizara solo hasta el primer trimestre de embarazo será tan inaceptable como otro que lo acepte hasta el último trimestre. Y para quien crea que un modelo de provisión de derechos sociales por parte de entidades privadas con fines de lucro está fundamentalmente mal concebido, un acuerdo que restringiera esta modalidad a solo la mitad de los derechos sociales le parecerá espurio.

En este contexto, cabe preguntarse cómo puede un sistema democrático zanjar diferencias profundas al tiempo que mantiene lo que antaño se conocía como "amistad cívica". Una de las respuestas que provee la filosofía política es la aproximación democrático-deliberativa. De acuerdo con esta última, se deben hacer ingentes esfuerzos para que -antes de que se zanje por mayoría un asunto- todos los actores sociales y políticos tengan similares posibilidades de presentar sus argumentos no solo en el Parlamento, sino también en los medios de comunicación. De esta forma, la democracia no se reduce a "contar cabezas", sino que ello ocurre solo después de que ha existido un genuino debate nacional. Desde esta perspectiva, llama la atención que la oposición rasgue vestiduras por la supuesta falta de posibilidades de un debate en el Congreso a propósito de la reforma tributaria, al tiempo que echa mano sin mayores escrúpulos de una prensa escrita que -más allá de acoger a algunos columnistas que apoyan al Gobierno- exhibe una mínima diversidad editorial.

En suma, si bien los acuerdos son bienvenidos cuando son el resultado del poder coactivo del mejor argumento (en un contexto en que todos han tenido una igual posibilidad de expresarse en los medios que contribuyen a moldear la opinión pública y en el seno del Parlamento), si finalmente subsisten discrepancias respecto de los puntos debatidos, el único método civilizado para zanjar las mismas es el dictamen de las mayorías, respetando los derechos fundamentales de las minorías. Ello no representa una "aplanadora", y es lo que, por ejemplo, caracterizó a administraciones que introdujeron transformaciones profundas en democracia, desde el "New Deal" de Roosevelt hasta la "Revolución Conservadora" de Margaret Thatcher.

Javier Couso
Director Programa de Derecho Constitucional
Universidad Diego Portales