Me dejaron cavilando las contundentes razones dadas por la ministra Ximena Rincón para sustituir la actual Constitución por otra nueva. No obstante, ¿son tan razonables? Si se las examina con cuidado, subsiste solo una que no puede ser acogida a través de una consensuada y profunda reforma y, por ende, es la única que fuerza a generar una "nueva" Constitución: su ilegitimidad. Para definirla, la ministra recurre al origen de la Constitución de 1980, a su forma de gestación: fue generada durante un gobierno dictatorial, de modo no participativo y plural; en definitiva, fue impuesta.

La ilegitimidad de origen es, por lo tanto, la piedra de toque. En la historia constitucional chilena (incluidos todos los gobiernos de la Concertación) se siguió un criterio muy distinto: dado que todas las cartas constitucionales anteriores a esta poseían también una dudosa "legitimidad de origen", se apeló entonces a la legitimidad que proviene de su "uso" o "vigencia". El formalismo (que apunta solo al origen para juzgar la legitimidad de una regla), en la práctica, cede frente al realismo (que toma en cuenta los comportamientos y cambios sociales concretos que genera su vigencia). Y, ¿quién podría negar que la Constitución de 1980 ha sido el marco jurídico para una abundante práctica democrática durante más de tres décadas, de la cual forma parte, incluso, la propia ministra Rincón? La "vigencia" o "uso" (como lo llama Ortega y Gasset) -este rasgo esencial del fenómeno jurídico- no carece de un peso democrático desdeñable: indica su arraigo entre quienes eran los destinatarios de la regla jurídica, que ellos se han apropiado de la misma y la habitan ("las instituciones en Chile funcionan" fue el lema de más de algún presidente chileno en momentos críticos). Además, esa práctica democrática se ha volcado poderosamente sobre la propia Constitución, generando sucesivas y muy relevantes reformas (la más importante, en el año 2005), en un proceso de creciente maduración en el que han participado generaciones de representantes con visiones plurales.

No puede dejar de sorprender, pues, esta insistencia en el autor y la forma de generación de la norma constitucional cuando, en cuanto texto (y en esto hay unanimidad en el pensamiento contemporáneo), su interpretación y aplicación se desprenden del autor y la situación original de generación, lo que marca su más fuerte diferencia con cualquier discurso oral. Quiera o no, cada nuevo intérprete es una suerte de "coautor", que lo lee de modo de adaptarlo al nuevo contexto.

Así, a estas alturas, hay pocos argumentos para sostener que el "autor" de la actual Constitución es el general Pinochet y su dictadura (ni siquiera lo fue del texto original) y, de cualquier modo, ello ha sido y es irrelevante al momento de interpretarla, aplicarla o introducirle nuevos cambios. Es solo la persistencia fantasmagórica -en buena medida irracional, aunque comprensible- del general en estas reglas, lo que resulta para algunos un pecado original indeleble.