Michelle Bachelet llegó al poder por el abrumador apoyo de la clase media chilena. Confiaron en que ella iba a aliviar el acuciante costo que para esas familias representa el pago de la universidad de sus hijos y otros problemas que les hacían muy difícil llegar a fin de mes cumpliendo los compromisos contraídos para financiar un nivel de vida mejor.

Esa clase media representa hoy en Chile el grupo más numeroso de nuestra sociedad. Hay distintas estimaciones, pero si tomamos el último estudio del Banco Mundial, del año 2012, representa el 42,3% de la población. Allí se define como sectores medios a familias con ingreso por persona, por día, de entre 10 y 50 dólares. En términos de renta mensual, una familia de clase media de 4 integrantes ganaría entre 500 mil pesos y 2 millones y medio.

Al lanzar su reforma tributaria, la Presidenta dijo que afectaría sólo al 1% más rico del país. Esta afirmación, que no se sostiene por ningún lado, es consistente con la estrategia comunicacional que ideó el gobierno, que plantea esto como un simple enfrentamiento político entre ricos y pobres, sin dejar espacio siquiera para una discusión técnica de los múltiples efectos que una reforma como ésta provoca en la economía.

El debate posterior ha dejado claro que los afectados no son el 1%, sino un numeroso grupo de la población que experimentarían cambios en los precios de bienes de consumo tan importantes como la cuenta de la luz, o tan frecuentes como las bebidas. Es más, los dos activos más valiosos que tiene una persona de clase media son su vivienda (en Chile, más del 60% tiene vivienda propia) y su fondo de pensiones. Ambos se ven fuertemente impactados por las disposiciones de la reforma, como ha sido demostrado en distintas estimaciones.

Ello, sin contar siquiera con el efecto en la inversión y el empleo, que no recae sólo en los grandes empresarios, como ha señalado el gobierno, sino también en pequeños empresarios y emprendedores que han manifestado su inquietud frente a la reforma, y adicionalmente en trabajadores o aspirantes a serlo que tendrán menos oportunidades laborales, por la baja de la inversión.

Para ensombrecer más el panorama para el gobierno, la economía chilena empieza a mostrar algunos síntomas preocupantes. El marcado deterioro en los indicadores de inversión que ya venía produciéndose hace algún tiempo ha impactado en el Imacec (que anticipa el PIB), cuyo último dato de crecimiento anualizado es de 2,8%. La inflación, por su parte, no cede, llegando a 4,8% anual en doce meses, lo que dificulta una política reactivadora utilizando el instrumental monetario.

Como producto del ambiente de polarización que se ha instalado en la discusión de la reforma tributaria han surgido diversas voces que llaman a la moderación. Dos ex ministros de Hacienda de la Concertación, Aninat y Velasco, han hecho públicas sus discrepancias con el contenido del proyecto, incluyendo la eliminación del FUT, uno de sus componentes principales. Un tercero, Alejandro Foxley, sin entrar en detalles, ha manifestado que este tipo de reformas debe consensuarse con mayorías más amplias. El ex senador Camilo Escalona ha hablado de hacer reformas sin dar saltos al vacío. Publicaciones en medios de prensa internacionales de gran prestigio empiezan a preguntarse si esto apartará a Chile de su camino de progreso.

Una importante duda acerca de la profundidad y oportunidad de la reforma tributaria ha empezado a instalarse en la opinión pública, especialmente por la intransigencia que han mostrado las autoridades del Ministerio de Hacienda. Es indudable que este ambiente de crispación afecta el clima de los negocios. La última encuesta Adimark, si bien no muestra un deterioro en el apoyo a Bachelet, sí da cuenta de un aumento en la desaprobación a su mandato desde el 20 al 32%, lo que bien podría atribuirse a este ambiente.

La pregunta política que cabe hacerse hoy es si el gobierno va a arriesgar el abandono de una clase media inquieta por los efectos que se esperan de una reforma tan radical, o va a allanarse a modificaciones de fondo en su tramitación en el Senado.