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Editorial
Lunes 28 de abril de 2014
"Cuotas" en reforma electoral
En América Latina, más de una decena han aprobado leyes de cuotas en los últimos años, imponiendo porcentajes que van del 20 al 40% de los cupos. Colombia, incluso, ha extendido este mecanismo a los cargos de alta dirección pública...
Como una manera de promover la participación política femenina, el Ejecutivo ha incorporado en el proyecto de ley de reforma electoral la obligación para los partidos políticos de incluir una "cuota de género" en sus listas de candidatos al Congreso. Esto significa que ni el número de hombres ni el de mujeres podrían exceder el 60% del total de postulantes ni ser menos del 40%. Además, se considera entregar a las colectividades un subsidio de 500 UF ($12 millones) por cada mujer de sus filas que resulte elegida en los próximos cuatro comicios parlamentarios (esto es, hasta los de 2029). Con ello se pretende subir los actuales índices de representación femenina en el Congreso (de 13% en el Senado y de 17% en la Cámara), más bajos que el promedio mundial (casi 20%) y que el de la OCDE (25%).
De adoptar la norma propuesta, Chile se sumaría a los países que han intentado fomentar la participación política femenina a través de disposiciones especiales. En América Latina, más de una decena han aprobado leyes de cuotas en los últimos años, imponiendo porcentajes que van del 20 al 40% de los cupos. Colombia, incluso, ha extendido este mecanismo a los cargos de alta dirección pública. Y aunque los resultados han sido disímiles, ha habido, con el tiempo, un notorio incremento de la presencia femenina en los parlamentos (el promedio latinoamericano se empina al 22%).
Sin embargo, pocos países han cumplido con la meta establecida en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, de llegar al 30% de participación femenina en cargos políticos. Según la ONU, solo 30 naciones han conseguido tal objetivo, cinco de ellas sin leyes de cuotas. Así, aunque la evidencia sugiere que ese tipo de normativas ayudaría a aumentar la presencia de mujeres en cargos públicos, pareciera haber otros factores que también inciden y que incluso pueden ser más determinantes, como la existencia de reales posibilidades de conciliación entre trabajo y familia, o el pleno acceso a la educación.
La irrupción de las mujeres en la vida pública es un fenómeno relativamente reciente, que enriquece a las sociedades. La idea de fomentarlo por medio de normas especiales puede parecer atractiva y conseguir ciertos resultados; con todo, no es claro que las cuotas sean el mejor camino. Aparte de rigidizar los procesos políticos, pueden en el largo plazo transformarse incluso en una limitante que imponga un cierto trato discriminatorio hacia quienes se pretende favorecer. La experiencia humana es abundante en ejemplos respecto de la inconveniencia de pretender imponer cambios culturales por la vía de leyes. Y aunque las referidas cifras sobre baja presencia femenina en nuestro Parlamento deben llamar a la reflexión, el hecho de que en la última elección presidencial las dos principales candidatas hayan sido mujeres y que hoy el país sea por segunda vez gobernado por una de ellas, da cuenta de una realidad más compleja en este ámbito.