Interesante e ilustrativo es el contenido de la exposición realizada por el magistrado Carlos Cerda en el Senado antes de ser ratificado, con amplia mayoría, en el cargo de ministro de la Corte Suprema. Con un lenguaje sencillo y personal, Cerda relata tanto su trayectoria de juez como su sólida formación académica, que incluye el paso por las universidades Católica de Lovaina y París II. En esta última tuvo la oportunidad de trabajar sobre la naturaleza del proceso, bajo la dirección de Michel Villey y Henri Battifol, dos de los juristas franceses más destacados de su tiempo.

La parte institucionalmente más relevante del discurso adopta la forma de un "credo" en que el magistrado sintetiza sus convicciones acerca de la función judicial. Siguiendo una línea de pensamiento muy influyente en las últimas décadas del siglo pasado, Cerda pone el énfasis en la unidad entre realidad, norma y valor que se hace tangible en cada caso concreto y singular. A esta "justicia del caso concreto" se añade la consideración de las "consecuencias jurídicas" de las decisiones judiciales, es decir, una valoración ex ante de los efectos sociales que tendría decidir en uno u otro sentido. Un tercer elemento es el fundamento de esta valoración, que el ministro encuentra tanto en la psicología como en la ideología del juzgador, es decir, en su manera de ser y en su manera de pensar. Todo ello con pleno respeto a la Constitución y las leyes, si bien a su juicio "la seguridad del derecho no se alcanza con una aplicación unívoca y monotónica de la letra de la ley", sino con argumentos que realmente custodien los valores que la inspiran.

Este credo coincide en lo sustancial con lo expresado recientemente por otros magistrados. Ello no es extraño, pues este tipo de programa goza del enorme atractivo que tienen, en tiempos de bonanza y seguridad, todos los planteamientos programáticos que apelan a la justicia y a los principios más abstractos. En estos tiempos de certeza y bienestar relativo surge el riesgo de olvidar que la concreción de aquellos principios generalísimos depende de la integridad, sabiduría y buena fe de quienes ostentan el poder, incluidos los jueces. Las leyes escritas existen precisamente para que las valoraciones no dependan de la forma de ser (psicología) o de pensar (ideología) de los jueces de turno, sino de lo que la voluntad general ha decidido democráticamente. Es el legislador quien está llamado en primer lugar a realizar la ponderación de las consecuencias, buenas y malas, que producirá la aplicación de una determinada ley, y por lo mismo no existe realmente una justicia del caso concreto opuesta a las decisiones de la voluntad general. Las leyes no optan sobre valores en general -por ejemplo, si buscar la justicia o satisfacer los intereses del más fuerte-, sino sobre coordinaciones de intereses en ámbitos específicos, asumiendo que en todo momento se busca realizar la justicia. La ley debe suplir, en fin, la ciencia o la sabiduría que a algún juez podría faltarle en el momento de enfrentar una situación compleja.

El ministro Carlos Cerda es conocido por sus fallos y ahora, antes de ser ratificado, ha dado un testimonio claro y valiente de sus convicciones. A pesar de su atractivo en el fondo y en la forma, es razonable preguntarse si estas últimas son todo lo balanceadas que deberían ser. En cualquier caso, ni el Gobierno ni los senadores que le dieron su voto deberían extrañarse luego si el programa anunciado es puesto en ejecución.