Un senador de la Nueva Mayoría, presidente de la comisión de Educación de la Cámara Alta, ha calificado como caótico el debate en curso sobre la reforma educacional. En efecto, hay múltiples y contradictorias declaraciones y promesas, poca claridad respecto de la agenda gubernamental, variados alegatos sin base en evidencia alguna, ausencia de ciertos tópicos claves, y, en general, reinan la confusión y el desconcierto. Las propias autoridades parecen desorientadas y los actores del sistema no saben exactamente a qué atenerse.

Hay varios asuntos que requieren una urgente clarificación.

Participación universal . Chile ostenta una matrícula terciaria que alcanza a 71% de la cohorte de entre 18 y 22 años de edad, muy próximo al promedio de los países ricos del mundo. Como resultado, el 41% del grupo de entre 25 y 34 años posee un grado o título de educación superior, similar a Bélgica u Holanda. Asimismo, ha aumentado el número de jóvenes del quintil de menores ingresos que acceden a la formación técnica y profesional. ¿El gobierno favorecerá una mayor expansión? De ser así, ¿buscará canalizarla a través de carreras de ciclo corto o de programas académicos universitarios? O bien ¿regulará la oferta y limitará el acceso, como proponen algunos? El ministro ha declarado que existen certificados "de baquelita": ¿cuántos, en qué profesiones y expedidos por qué instituciones? ¿Qué se propone hacer para contrarrestar el efecto social de esta aberración y ayudar a los jóvenes perjudicados?

Provisión público-privada. Frente a una demanda cada vez más variada por servicios y productos de conocimiento, también la oferta institucional creció en Chile, tanto en el sector estatal como en los sectores privados con y sin subsidio directo del Estado. El gobierno plantea crear dos nuevas universidades estatales y una red de centros de formación técnica dependientes de aquellas. ¿Qué estudios apoyan la necesidad de estas instituciones? ¿Se establecerán bajo la norma vigente del licenciamiento de nuevas organizaciones? ¿Agregarán vacantes, o transferirán matrícula desde el sector privado al estatal? ¿Traerán consigo alguna novedad en cuanto a su gobierno, gestión y planes formativos? ¿Cuáles especialidades ofrecerán los nuevos centros técnicos y cómo se vincularán con el sector productivo?

Investigación. No resulta en absoluto clara la posición del gobierno frente a esta valiosa actividad social. ¿Habrá o no igual tratamiento para todo tipo de instituciones en función de la calidad competitiva de sus proyectos? El ministro del ramo dice "sí" y "no" y todo lo contrario. ¿Se mantendrá una base plural de equipos de investigación, o el Estado actuará a través de instituciones que nominalmente controla? ¿Qué concepto de autonomía académica y de libertades de investigación y aprendizaje inspiran a las políticas gubernamentales en este sector?

Gasto total/producto . Únicamente cuatro países de la OCDE -Chile entre ellos- gastan arriba del 2% de su producto interno en educación terciaria. Logran esta elevada cifra en virtud de esquemas de costos compartidos entre los sectores fiscal y privado, incluyendo el cobro de aranceles respaldado por dispositivos de becas y créditos.

Por el contrario, nuestra discusión gira en torno a cómo transferir el costo íntegro de la educación superior al Estado, lo que fácilmente podría desembocar en un deterioro de la calidad y una disminución de la equidad. Sorprende, por lo mismo, el nivel de kindergarten teórico (como decía T. Parsons) con que aquí discutimos sobre estos asuntos. Lo público y lo privado han sido banalizados hasta el punto de volverse equivalentes con Estado y lucro, respectivamente.

En breve, ¿nos encaminamos efectivamente hacia la gratuidad universal? ¿O se aumentará nada más que en diez puntos porcentuales el actual umbral de gratuidad? ¿Cómo se fijarán o controlarán los aranceles? ¿Qué monto se transferirá al quintil de mayores ingresos, el más altamente representado en la educación universitaria?

La gratuidad, como sea que se establezca, ¿significará además ingreso libre, o se mantendrá una prueba de selección al ingreso? ¿La gratuidad valdría solo temporalmente -al momento del acceso-, y luego se cobrará un impuesto especial a los graduados?

Por ahora, la autoridad genera incógnitas más que fijar objetivos y trazar una carta de navegación. Parece más interesada en apaciguar a los actores del sistema que en articularlos tras una estrategia concertada. Las preguntas se acumulan. Es hora de responder.