La fanfarria con que el Presidente Morales presentó la demanda boliviana a la Corte de La Haya en contra de Chile es doblemente reveladora. Demuestra carencia de fundamentos jurídicos de su libelo y su estrategia de concitar la atracción internacional e interna para su causa. No nos equivoquemos: este juicio no se desenvolverá solamente en los estrados de La Haya. Bolivia desplegará acciones comunicacionales en los más diversos foros y países para influir sobre los jueces. Y tenemos la obligación de actuar en consecuencia, máxime cuando se nos acusa de no honrar nuestros compromisos.

La teoría de que la Corte debe sentenciar que Chile está obligado a ceder territorio a Bolivia sobre la base de negociaciones anteriores fallidas es insostenible jurídicamente. De ser así, toda propuesta, tratativa o proceso negociador, incompleto o fracasado, podría ser considerado como un acuerdo obligatorio por la otra parte. Semejante conclusión arriesgaría el diálogo entre los gobernantes, les concedería poderes absolutos para comprometer a sus países al margen de los órdenes constitucionales a que están sometidos y habría un sinnúmero de potenciales acuerdos en el aire.

En este caso, además, hay un engaño a la Corte y a la opinión pública. Lo que verdaderamente busca Bolivia por la vía encubierta es una reivindicación territorial y el desconocimiento del Tratado de Paz de 1904, que fijó la soberanía nacional y los límites entre Chile y Bolivia. Ya se ha dicho el grave precedente de poner en peligro la estabilidad de las fronteras fijadas por tratados internacionales. Habría que volver a dibujar el mapa mundial, desencadenando violencia generalizada, alterando gravemente culturas, economías y la paz entre los pueblos.

Más todavía, la Corte de La Haya no tiene jurisdicción ni puede admitir una demanda sobre una tratado anterior a 1948, punto de partida de los asuntos bajo su competencia. Dentro de los próximos tres meses, habrá que interponer las excepciones preliminares para poner término anticipado a este engañoso proceso, que no justifica dilatarse con la contramemoria, la réplica, la dúplica y los alegatos orales finales.

Todo lo anterior lo sabe Morales. Sus abogados se lo deben haber advertido y no le importa. Ya ha dicho que "por encima de lo jurídico, es lo político (...) cuando algún jurista me dice: Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal; bueno, yo le meto por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados: si es ilegal, legalicen ustedes; ¿para qué han estudiado?".

Eso es lo que ha ocurrido con esta demanda instrumental: es otra de aquellas que se interponen con fines distintos a los declarados, normalmente para presionar y en ocasiones para lograr ventajas extrajudiciales. Perfectamente posible, considerando que Morales está en perpetua reelección.