De todos los temas de interés público, el de educación es el que debiera poseer los mayores niveles de racionalidad y de información. ¿Cómo la educación, que aspira a entrenar a niños y jóvenes en el uso de la racionalidad, podría renunciar a ella al momento de pensarse a sí misma? Desgraciadamente, algo de eso está ocurriendo hoy en Chile. El principal requisito de la racionalidad -la consistencia entre las proposiciones referidas a la misma materia- parece ausente.

Es cosa de recordar.

Primero fueron los rectores de la universidades estatales quienes manifestaron su contento porque, por fin, el Estado, según el ministro les informó, les daría un trato preferente, sustancialmente mejor que el de las instituciones privadas. El ministro, incluso, empleó cierto fervor retórico para referirse a este problema. En las instituciones estatales, dijo, se forjan bienes comunes y es el único lugar donde se efectúa investigación alineada con los intereses públicos. El resto de las instituciones, insinuó, estaba expuesto a la captura por parte de intereses privados.

Luego asistieron los rectores de las universidades privadas pertenecientes al CRUCh. Inicialmente, habían sido tratadas con desdén por parte del ministro. Los rectores, sin embargo, acaban de descubrir ayer, con indisimulable agrado, que se las tratará igual que a las universidades estatales tanto en docencia como en investigación. Y que el mecanismo general para la asignación de recursos en esta última área será la medición del desempeño y la competencia (al igual como ocurriría con las estatales).

Como los dos propósitos anteriores no pueden valer simultáneamente -o vale uno o vale el otro, o se trata igual a las instituciones o se favorece a unas por sobre otras-, alguien aquí está preso de un engaño involuntario.

Como lo anterior no es razonable (llegaría al extremo de presentar la política universitaria como inconsistente y a sus partícipes dispuestos a dejarse engañar), la deferencia obliga a encontrar una interpretación razonable.

Lo que el ministro habría afirmado a los rectores (dejándolos a todos igualmente contentos) es algo plenamente compatible con la actual fisonomía del sistema universitario: provisión mixta, es decir, existencia de instituciones estatales y privadas; trato preferente a las universidades estatales por razones que solo a ellas aplican ( v.gr. interés regional, necesidad de que actúen como proveedores ejemplares que mejoren el sistema, etcétera); tratamiento similar al anterior a las universidades privadas que, por su larga trayectoria histórica, han acreditado su orientación pública (como ocurre con la mayoría de las pertenecientes al CRUCh); prohibición del lucro para CFT e IPs (una regla para las que se creen en el futuro que obligará a un sistema de transición para las hoy existentes); mantención de los subsidios a la demanda, becas o crédito en la primera fase, los que podrían ser empleados en todas las instituciones acreditadas del sistema (incluidas las privadas posteriores a 1981); mejora de los estándares para la acreditación, y una fiscalización más robusta.

Así las cosas -y al menos en materia de educación superior-, no habrá cambios de esos que se llaman estructurales. La estructura será más o menos la misma que hoy existe, aunque con mejoras que estaban presentes en la agenda desde antiguo, especialmente la supresión del AFI (y su sustitución, por ejemplo, por programas de apoyo a sectores con desventajas involuntarias) y la existencia de mecanismos de discriminación positiva.

En el misterio queda la sustitución de la PSU por una prueba que, según habría dicho el ministro, sería más igualitaria, "porque mediría habilidades y no conocimientos" (una lectura de Durkheim, Bernstein o Bourdieu, indicaría, sin embargo, que ciertas habilidades podrían distribuirse por clases sociales o género, incluso más intensamente que los conocimientos curriculares). También queda en el misterio la suerte de las universidades privadas creadas luego de 1981. Sin embargo, todo hay que decirlo, como estas instituciones carecen de una trayectoria similar a las privadas del CRUCh, es razonable que se las trate distinto, poniendo de su lado el peso de la prueba cuando esgriman su carácter u orientación pública. Ese trato, sin embargo, debe consultar el financiamiento de bienes públicos (si no habría pérdida de bienestar social) y la formulación de algunos criterios universalistas que les permitan transitar hacia un estatuto de orientación pública.

Como se ve, el propósito del ministro es respetar la trayectoria del sistema (los sistemas universitarios son, como enseña la literatura, path oriented ) y sobre esa base introducir mejoras.

La única incógnita de verdad es por qué los dirigentes estudiantiles -cuya agenda es harto más radical- también salieron satisfechos de la reunión con el ministro.

Carlos Peña
Rector UDP