En su segunda semana de debate con proyectos a la vista, no solo se ha confirmado el carácter refundacional de la reforma tributaria, sino que se han hecho evidentes aristas que afectan a diversos grupos de chilenos, algunos tan significativos como los 5 millones de trabajadores que cotizan en las AFP. Frente a un cambio de tal magnitud, la discusión parlamentaria muestra facetas contradictorias. Por una parte, ha permitido que académicos, centros de estudios y gremios, entre otros, hagan presente sus visiones. Lamentablemente, la forma en que se ha desarrollado el proceso, con intervenciones que se suceden maratónicamente, da cuenta de que no existe una real voluntad de sopesar cada planteamiento. La experiencia del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, advertido por diputados oficialistas de que "esta decisión se tomó y ustedes llegaron aquí a tratar de convencernos tarde", habla de una tramitación legislativa literal y pobremente entendida como "trámite" antes que como genuina deliberación democrática. En contraste, voces como la del presidente de la Cámara pronunciándose contra discrecionalidades que consagraría el proyecto, abren la expectativa de un real debate entre los diputados y de no reiterar la práctica de abdicar de sus facultades y dejar al Senado el tratamiento de los temas complejos.

Este camino es propio de representantes populares que entienden su rol y la importancia de lo que se decide. Ha habido hasta ahora cierta anomalía en las discusiones tributarias chilenas. Tal vez el hecho de que solo el 21% de los potenciales contribuyentes pague directamente impuesto a la renta ha vuelto distante la perspectiva desde la cual los ciudadanos miran el tema, asumiendo erróneamente que se trata de asuntos que involucran a otros, a los "ricos". Tal actitud pasa por alto ya no solo los efectos que los cambios en un tributo como aquel suponen para el funcionamiento de toda la economía, sino también realidades como la mencionada participación de los trabajadores, vía ahorro previsional, en las mayores sociedades anónimas del país. Escasa conciencia existe de que el principal vehículo recaudatorio del Estado es el IVA, impuesto pagado por todos los chilenos, o de que los tributos específicos a determinados productos, antes que una carga para las empresas que los producen o importan, lo son para sus consumidores.

Una tarea política pendiente

Contrasta esa forma de aproximarse al tema tributario con realidades como la de Francia, cuyo Presidente socialista intenta revertir su derrota electoral prometiendo un relajo impositivo. Difiere también con la de la mayoría de las naciones desarrolladas, en que los ciudadanos se movilizan activamente cuando las tasas no se condicen con la calidad de los servicios que el Estado entrega. Ello no es extraño: en el origen de las democracias modernas está la necesidad de limitar el poder coercitivo del Estado, cuya manifestación más cotidiana es precisamente el cobro de impuestos. Por lo mismo, ninguna reforma tributaria se entiende como exitosa si no es expresión de un amplio consenso social, más allá de mayorías coyunturales.

Hoy los chilenos parecen más preparados para involucrarse en discusiones como la educacional, que sienten directamente vinculada con sus experiencias cotidianas. En lo tributario, hay una tarea pendiente para nuestra democracia: la de lograr que, en su debate, los ciudadanos sean actores informados, y no espectadores cegados por consignas.

Para los bloques políticos, a su vez, el proyecto significa retos específicos. Es la primera vez que la Nueva Mayoría probará su cohesión respecto de una de las grandes reformas comprometidas programáticamente y que suscita algunas objeciones de principios y también reparos en parlamentarios identificados con intereses locales. Será la oportunidad para que el Gobierno muestre su capacidad de "hacer política", esto es, articular visiones y demandas sin desnaturalizar sus objetivos centrales. Es precisamente eso lo que ha expresado la Presidenta Bachelet al manifestar su disposición para acoger propuestas que mejoren el proyecto.

En el caso de la oposición, en una materia en que el oficialismo no requiere de sus votos, su prueba es la de constituirse como una voz relevante en el debate público.

Oportunidad perdida

En paralelo a la discusión tributaria, otra prueba para la oposición es la que representan sus procesos internos. La UDI ha desarrollado este fin de semana una intensa discusión doctrinaria. En el caso de RN, en tanto, el retiro de uno de los candidatos que competían por suceder a su actual timonel no es buena noticia para ese partido.

Antes bien, confirma el daño provocado por quienes abandonaron la colectividad argumentando profundas diferencias con su conducción y privando así a los militantes de poder contrastar esas discrepancias.