En "El Mercurio", el martes pasado, la economista Andrea Repetto, en su columna "Reglas más justas", nos hace ver con una impecable lógica que lo central de la reforma tributaria, enviada por el Ejecutivo para su discusión en el Congreso, consiste en restarle un 15% de sus ingresos al 10% que recibe más por rentas del capital para entregárselos al Estado. Esa noche, vi en la televisión al señor ministro de Hacienda repetir lo mismo, con menor brillo debido a la presión de los entrevistadores.

No debiéramos más que celebrar la claridad de este aserto en lugar de confundirnos en la pelea chica de que determinado impuesto perjudica o no a la clase media. Ese articulado sobre impuestos a los alcoholes, a las bebidas azucaradas, a las ganancias por venta de determinadas casas e incluso la propuesta de eliminar el DL 600 está ahí justamente para enredar la verdadera discusión.

Donde debemos centrar la mirada es en el dilema entre qué es mejor para la ciudadanía respecto de la utilización de parte importante de sus ahorros. ¿Será mejor que, como sucede en la actualidad, el 15% de las utilidades de las empresas grandes lo administren empresarios? ¿O será mejor que ese 15% de las utilidades lo administre el gobierno de turno?

Si este ahorro, como sucede en la actualidad, se queda en los empresarios, por el mecanismo del FUT, será reinvertido en depósitos que financian ya sea a otras empresas o a personas, vía mercado de capitales; en capital para empresas productivas; en algún porcentaje en empresas que no van a funcionar (hacer negocios tiene riesgos) y un pequeño porcentaje en la tan cacareada elusión (tal vez algún juguete caro innecesario para producir la renta u otras cosas que a nivel de país suman poco).

La mayor eficiencia en la inversión de estos recursos se traduce en crecimiento de la economía, lo que conlleva mayor y mejor empleo como ha venido sucediendo en los últimos 30 años.

Si este ahorro, como lo propone la actual reforma tributaria, lo administra el Estado, puede tener muchos usos alternativos, los cuales se cobijan bajo el amplio manto del llamado gasto social.

Hoy se dice que gran parte de este ahorro va a ser invertido en educación, lo que parece loable, siempre y cuando sean los padres los que elijan dónde y qué estudian sus hijos menores. Los mayores, que van a institutos técnicos y universidades, deben tener la misma opción de elegir libremente dónde estudiar, de acuerdo con sus respectivas capacidades y preferencias. Ese sistema se llama técnicamente subsidio a la demanda.

Si, por el contrario, lo que se pretende es desmontar todo lo que existe para construir un utópico sistema centralizado de educación gratuita, es seguro que el país irá marcha atrás por muchos años. Este sistema se llama subsidio a la oferta. Va en contra de la libertad de enseñanza y descarga a los padres de la educación de sus hijos, traspasando esta responsabilidad al Estado, el que sabría mejor que los interesados qué conviene enseñar a cada cual.

Entonces, que nos quede claro, lo que se propone es un traspaso de ahorro desde manos privadas a manos del gobierno de turno. Si eso es bueno o malo, va a depender de cómo se use el dinero. Entonces lo que la ciudadanía debiera exigir es que le rindan cuenta de qué se hace con esos ahorros.

Las empresas lo hacen hoy día ante al Estado y la ciudadanía por medio de sus balances, que son exigidos por las respectivas superintendencias y el Servicio de Impuestos Internos.

Si esta reforma consigue traspasar estos ahorros desde las empresas privadas al Estado, es de matemáticas simples que va a haber menor inversión en crecimiento económico de corto y mediano plazo. El canje que el Gobierno ofrece para compensar este evidente perjuicio es una mejor educación para nivelar las opciones de sus ciudadanos, que serán, eventualmente, más productivos en el futuro gracias a sus mejores conocimientos, en su propio beneficio y en el de la sociedad.

Este es el gran juego de la ciudadanía, cambiar crecimiento cierto por un probabilístico crecimiento futuro basado en una reforma educacional de resultados que pueden ser quiméricos si estos ahorros son malgastados por el Estado. La ficha vale unos US$ 160.000 millones (US$ 8.000 millones de gasto permanente descontados al 5% anual).

Carlos E. Lavín G.H.