El fascismo italiano de Mussolini intentó desarrollar un Estado corporativo.

Stanley Payne recuerda que en 1934 los sindicatos nacionales fueron sustituidos oficialmente por veintidós corporaciones nacionales para las diversas ramas de la economía, y uno de los teóricos fascistas de esa época afirmaba que "para el Estado totalitario, ya no existen límites de extensión de la soberanía: debe organizar cada uno de los aspectos de la realidad social, y es necesariamente Estado económico, Estado asistencial, Estado ético, mientras que la identificación entre Estado y sociedad hace realidad un ilimitado monismo estatal".

Cuando se oye a José Antonio Gómez, ministro de Justicia de Bachelet, afirmar que "lo que deben hacer todos los sectores es participar en el diseño de la nueva Constitución, me refiero a los sectores productivos, empresariado, las iglesias y todos los que quieran", el paralelismo con el corporativismo fascista es evidente.

Y tal como sucedió en la Italia de los 30, en esa supuesta participación no hay más que manipulación.

Fue bien sincero Fernando Atria meses antes de la elección presidencial: "No hay para qué pensar cómo lo vamos a hacer. Como la asamblea no pretende ser institucionalmente válida, no necesita ser legal, pero tampoco necesita ser ilegal. Entonces todo puede ser lícito".

Es insólito, pero es real: estamos a las puertas de un fascismo corporativista de las izquierdas gubernamentales, porque... ¿quién decidiría, y con qué criterio, qué grupos serían los llamados a votar? ¿Solo podrían elegir representantes a la Asamblea Constituyente las organizaciones que tuviesen personalidad jurídica? ¿Y quién garantizaría que las elecciones dentro de cada agrupación fuesen genuinas y no dominadas por los más fuertes o los más audaces?

Además, ¿cómo se ponderaría el voto de cada grupo? ¿En relación con el número de afiliados reales o potenciales? ¿De acuerdo a la importancia relativa que tuviesen las organizaciones en la vida nacional? ¿Y cómo se determinaría ese peso específico? ¿Votarían solo las grandes agrupaciones o podrían hacerlo las pequeñas unidades en ellas integradas? (¿Votarían solo la CUT y la CPC o también los sindicatos y la SNA?) ¿Le corresponderían a la CUT más votos que a la CPC o los mismos? ¿Les corresponderían a las universidades que no estuviesen en el Consejo de rectores más votos (porque serían muchas más) que las del Consejo, o menos (porque en promedio aquellas serían más jóvenes)?

Más aún, ¿quién garantizaría que cada grupo fuese independiente de los partidos políticos y que no fuesen estos -en particular el PC, que es maestro en armar organizaciones de fachada- los que hubiesen capturado una determinada directiva antes de la elección de la Asamblea Constituyente y no hubiesen forzado, por lo tanto, el voto del gremio en un sentido que pudiese ser exactamente el contrario al de la mayoría de los afiliados?

Quintana, presidente del PPD, insiste en que "no se ha descartado ningún mecanismo y que la participación ciudadana va a ser fundamental a la hora de trabajar ese nuevo contrato social".

Hubo un corporativismo sincero que intentó influir en la presidencia de Pinochet, pero fue descartado por la decidida acción de Jaime Guzmán.

Ahora estamos en presencia de un velado fascismo corporativista de izquierdas que, disfrazado de ONGs que reclamarán ser las legítimas expresiones de la voluntad ciudadana, pretende también sustituir el voto popular expresado en sus representantes en el Parlamento.

No será la calle la que derrote al Congreso si hay Asamblea Constituyente: serán las organizaciones de fachada, de acuerdo con el más viejo estilo fascista.