Es probable que, una vez conocido el texto de la reforma, no terminen de despejarse las dudas respecto de la real magnitud de los fondos a recaudar. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, insistió esta semana en que los cambios propuestos sumarían "tres puntos del PIB, o sea, cerca de 8.200 millones de dólares". El programa de gobierno plantea que solo los cambios en la estructura tributaria -es decir, la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y el aumento del impuesto de primera categoría desde el 20 al 25%- permitirían recaudar, en régimen, el 1,92% del PIB, equivalente a unos 5.200 millones de dólares anuales.

Sin embargo, los resultados del reciente primer informe del equipo convocado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se suman a las dudas que han planteado desde hace meses no solo economistas de centroderecha e independientes, sino que incluso afines a la Nueva Mayoría. El documento de la CPC sostiene que los cambios a la estructura tributaria que impulsa la Presidenta Bachelet -en particular el FUT, global complementario y primera categoría- recaudarían del orden de 3.500 millones de dólares. Esto es consistente con otras estimaciones. La pregunta entonces es: si existe claridad respecto de los costos del programa social (aun cuando no se conocen sus detalles), ¿cómo se financiará el remanente? ¿Estará dispuesto el Ministerio de Hacienda a relajar su objetivo de déficit estructural? ¿Se necesitarán nuevos impuestos? Otra opción, más razonable desde un punto de vista económico, pero no así políticamente, sería revisar el alcance de algunas de las reformas sociales propuestas. Es de esperar, pues, que un cuidadoso diseño, que asegure el financiamiento de dichas reformas en el largo plazo, aclare las actuales incertidumbres.

En cualquier caso, el análisis desapasionado de las cifras y proyecciones será fundamental a partir del lunes. Un escenario dividido por trincheras lo haría imposible.

¿Y la reforma del Estado? Pero recaudar no es todo. Los esfuerzos que se le exigen al sector privado deben estar también acompañados por un mejoramiento en la gestión del Estado. Esa es la forma en que los países avanzan. Lamentablemente, solamente dos de las 198 páginas del programa de gobierno están dedicadas a este tema. Es de esperar, en todo caso, que prontamente se conozcan los planes respecto de lo allí contenido: una nueva institucionalidad de las políticas públicas, agenda digital, acceso a mayor información para asegurar la probidad y transparencia, y perfeccionamiento de los gobiernos corporativos de las empresas públicas (donde ya hubo importantes avances en la administración anterior).

También es necesario conocer cómo se concretarán las promesas de una mejor institucionalidad para las estadísticas públicas, y el perfeccionamiento del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Se trata de medidas importantes, que deberán ser discutidas durante los próximos meses.

No ahuyentar el capital humano
Respecto del sistema de Alta Dirección Pública, el texto del programa plantea que aquel "ha sido exitoso al implementar un exigente sistema de selección de altos directivos. Sin embargo, al producirse el cambio de gobierno en 2010, mostró debilidades, convirtiendo la facultad para despedir a los altos directivos en un mecanismo de remoción política" (página 56). Lamentablemente, la evidencia sugiere que estas debilidades también se hicieron presentes durante el actual traspaso de mando.

El Estado chileno requiere de profesionales y técnicos capaces de enfrentar los desafíos propios del sector público. Ese es precisamente hoy uno de los problemas más acuciantes: la escasez de capital humano. Por eso es fundamental crear las condiciones para atraer a profesionales de primer nivel, que puedan contribuir al desarrollo del país. En este contexto, el uso político de la información respecto de los sueldos de los asesores del gobierno anterior parece muy contraproducente. No solamente porque la información no es nueva (es desde abril de 2009 que la Ley 20285 obliga a hacer públicos los sueldos de los asesores), sino porque un análisis detallado de las cifras demuestra que, en muchos de los casos publicitados, los sueldos se mantuvieron o incluso cayeron en términos reales respecto de la última administración de la Concertación.

En la práctica, esta "propaganda" ahuyentará a profesionales de primer nivel que pueden contribuir a tener un mejor Estado.