La revista inglesa The Economist criticó en un artículo reciente la marcada tendencia de los países latinoamericanos a reemplazar sus constituciones. En una comparación numérica, determinó que cada país de la región cambió 10,7 veces su carta fundamental entre 1789 y 2001. En Europa occidental, ese número es de 3,2 veces.

El semanario recuerda que las cifras más elevadas de reemplazos constitucionales se ubican en República Dominicana y Ecuador, con 32 constituciones el primero y con 20 el segundo. Luego alude a Chile, sugiriendo que nuestra ley suprema necesita un cambio, pero no ir a parar al canasto de basura.

Es irrefutable que el desarrollo de los países está asociado a su estabilidad constitucional. Las evidencias provienen de Europa y Estados Unidos, que, a pesar de las sucesivas conflagraciones mundiales, han sabido dotar de esta estabilidad a sus ordenamientos supremos. Desde la posguerra, ni Francia (1958), ni Alemania (1949), ni Italia (1948) han reemplazado sus cartas. En sus gobiernos se han sucedido tendencias más liberales o socializantes, pero ello no ha sido motivo para desprenderse de sus constituciones. España se dotó de una nueva ley fundamental en 1978, en la era post-Franco. Y con anterioridad a estas cartas, pese a atravesar guerras, revoluciones y procesos de unificación nacional, Europa fue un terreno jurídicamente estable. Solo como ejemplo, Italia, antes de su actual carta, tenía vigente desde 1848 el llamado Estatuto Albertino, previo a la unificación.

La historia constitucional de Chile está asociada a esa tradición de estabilidad. Nuestras leyes máximas han sido normalmente escuetas, adaptables al cambio. La Carta de 1933 tuvo una vigencia de 92 años, y soportó una guerra externa, una guerra civil y un radical cambio de forma gobierno, desde presidencial a parlamentario. La Constitución de 1925 comenzó con un profundo movimiento social y soportó numerosas tendencias y reformas, como la de 1971. Técnicamente, algunas de sus disposiciones tuvieron vigencia, aunque solo parcial, hasta marzo de 1981. La Carta de 1980 tiene 33 años de vigencia, de los cuales 23 trascurrieron en democracia, y en ellos recibió más de 30 leyes de reforma; pero se enfrenta ahora a la promesa de ser reemplazada por otra.

El desafío de Chile no solo es el sugerido por The Economist, esto es, hacer los cambios necesarios, sino también otro más sofisticado: no depreciar nuestra tradición republicana de estabilidad constitucional, no usar la Carta Fundamental como una rentable promesa más en programas presidenciales y no acercarse a las peligrosas cifras de inestabilidad latinoamericana en sus leyes supremas. Las encuestas demuestran que la ciudadanía no tiene este tema entre sus primeras prioridades, lo que es otro motivo para resolver adecuadamente estos desafíos.