Cuando Ricardo Lagos suscribió el año 2005 el texto refundido de la Constitución de 1980, afirmó: "Firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile", y agregó que "este es un día muy grande para Chile; tenemos razones para celebrar; tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile; es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional".

Lagos estaba en el Olimpo. Por eso, insistió: "Esto es un logro de todos los chilenos, de los gobiernos que hemos tenido, de sus legisladores, de los partidos de gobierno y oposición, de los trabajadores y los emprendedores, de la mujer chilena, de periodistas fieles a su ética de informar, de las instituciones civiles y armadas, de las fuerzas morales, religiosas, académicas y creativas de Chile entero".

El entonces Presidente destacó además que la nueva Constitución reflejaba "una patria más grande, más unida, más prestigiosa, reconocida en el mundo". ¿Vanidad o convicción? Da lo mismo, porque una firma como la suya importaba más que toda la interpretación de la subjetividad.

En ese momento, ninguno de sus partidarios lo enfrentó, nadie lo contradijo. Hoy, por el contrario, cada vez que se les recuerdan esas palabras, los izquierdistas resoplan como si se tratase de un discurso de Pinochet. Las palabras de Lagos les producen urticaria.

¿Por qué?

Simplemente porque Lagos cerraba una etapa, fijaba un texto, consolidaba un sistema.

Pero eso no tenía nada de perverso. Procedía el entonces Presidente con la lógica propia de las democracias, que consiste en estabilizarse a sí mismas para que puedan seguir operando en el mediano y largo plazo. Porque solo cuando una democracia incurre en una grave violación de su propia esencia -el caso de Allende en nuestro propio país-, se expone a ser reemplazada mediante la fuerza y a ser restaurada desde el autoritarismo. Lagos conocía la historia, Lagos quería que no se repitiera, Lagos quería consolidar un sistema.

Y, desde mucho antes del 2005, desde hace ya casi 25 años, esa fórmula funciona, aunque a cada paso nos topamos en Chile con fuerzas antisistémicas. Que los anarquistas, que los autónomos, que el doble juego de los comunistas estén siempre poniendo en duda la legitimidad de nuestra democracia, es ya un dato duro. Debiera ser asumido como parte de nuestra realidad el que los encapuchados se muevan por los márgenes de lo institucional y, a veces, incluso dentro de sus fronteras.

Lo grave es que existan otros antisistémicos, que actúan desde muy al interior, institucionalmente. Esa es la gran paradoja y el gran peligro: la existencia de una mentalidad antisistémica dentro del aparato mismo del actual gobierno.

Dos casos: el ministro del Interior afirmó que "no la vamos a aplicar (la Ley Antiterrorista) en ciertas situaciones; este es un tema que tenemos zanjado y la opinión pública lo sabe desde la campaña". Y el intendente Huenchumilla confirmó que "no se va a aplicar; es muy claro y no hay nada más que decir". Una ley vigente, letra muerta; el sistema, descartado.

Por su parte, el ministro Gómez y otros cuatro secretarios de Estado son públicamente partidarios de una Asamblea Constituyente. "Siempre seré y he sido partidario, no tengo problema en decirlo", afirma Gómez, a quien nadie le pidió la renuncia anticipada por salirse del programa Bachelet. A Peirano sí, a Gómez no.

El mensaje de estas autoridades es nítido: la ley vigente no es parte del sistema; más aún, el sistema no tiene por qué ser respetado. Así comienzan a morir las democracias, por violencia intrafamiliar.