Señor Director:

Han pasado algunos días desde que Canal 13 transmitiera y retransmitiera la grabación del traslado de oficiales del Ejército en retiro desde el penal Cordillera al de Punta Peuco. Los suficientes para ponderar fríamente la indignidad cometida con esos ya ancianos soldados.

Existe hoy en Chile un grupo de personas que no tienen derechos humanos, ni siquiera el beneficio de ser tratados con la dignidad que es práctica común en las naciones civilizadas. Y frente a esto, la profundidad del silencio.

A los militares condenados por causas asociadas a los derechos humanos en años turbulentos del pasado o en la lucha contra el terrorismo, simplemente se les ha negado el debido proceso y la aplicación igualitaria de la ley. Mientras criminales terroristas de ayer gozan de impunidad, y los de hoy son juzgados por jueces garantistas, nuestros camaradas de armas son víctimas de retaliaciones políticas que se manejan abiertamente desde los tribunales de justicia.

La situación es simplemente inaceptable. Ahora sí se trata de una política sistemática de violación a los derechos humanos de estas personas, cometida por un poder del Estado con la aprobación y complicidad de los otros. Hasta tal punto se ha manipulado la conciencia de la opinión pública, que hoy parece natural que los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros estén al margen del estatuto de protección jurídica que se aplica a todos los chilenos.

Esta gravísima situación se está extendiendo a otros compatriotas. Vemos con desazón que en La Araucanía vecinos pacíficos que han caído bajo el objetivo terrorista, igualmente quedan fuera del ámbito de protección del Estado. Es el resultado de la política basada en el odio.

Cristian Labbé Galilea
Presidente
Directorio del Centro de Coroneles (R) de Ejército