La descripción que hace el Gobierno de la educación a la que aspira, definiéndola como "pública, gratuita y de calidad", constituye hasta ahora solo una declaración de intenciones que el electorado apoyó con entusiasmo, sin conocer la delicada ingeniería de detalle necesaria para aplicarla. De ahí las precauciones que muchos recomiendan tener respecto del exceso de expectativas en esta materia. La calidad del diseño de las políticas públicas depende del efecto que ellas tengan sobre las personas a las cuales están destinadas, porque el comportamiento de aquellas se vincula estrechamente con los incentivos o desincentivos que esas políticas contengan.

En el caso de la educación superior, la afirmación de que esta será gratuita para el 70% de la población, en la idea de llegar al 100% en un siguiente cuatrienio, deja un cúmulo de incógnitas abiertas respecto de la manera específica en que esto se hará. Pero, incluso una vez que ese tema se despeje, la fórmula que finalmente se utilice tendrá un efecto directo sobre los otros dos objetivos que se persiguen en la educación -el que sea pública y de calidad-, pues el comportamiento de los agentes que participan en el sistema se modificará según el camino elegido. Si las universidades estatales y las privadas son igualmente gratuitas, habrá poco espacio para que el sistema sea más "público" de lo que es ahora, y si la gratuidad es solo para las primeras, no queda claro de qué manera se incentivará su mayor calidad.

Pero, aparte de esa discusión, las universidades estatales enfrentan otro dilema que afectará su funcionamiento. Se trata del delicado tema de su gobernanza, pues los estudiantes demandan poder también votar para elegir a los rectores e influir en sus decisiones posteriores, repitiendo fracasadas experiencias del pasado. Cualquiera sea la fórmula que se utilice para alcanzar la gratuidad, la calidad de las universidades estatales depende de manera importante de dicha gobernanza. Y si ya es de discutible eficacia el que los rectores sean elegidos por los profesores, extender ese derecho a los estudiantes agudizaría el problema.

Las universidades son instituciones de las que se espera calidad, ya sea en el ámbito docente, de investigación o de extensión. Si quienes desean dirigirlas deben obtener la aprobación en las urnas de las personas cuyo trabajo será sometido a examen, les será muy difícil ofrecer una gestión exigente a dichos electores y esperar además que ellos voten por esa propuesta. La situación solo empeora si los estudiantes tienen también derecho a voto y participación en las decisiones de cada plantel. Si ello ocurre, las universidades estatales seguirán siendo públicas, incluso podrán ser gratuitas, pero seguramente no serán de calidad. Eso afectará al sistema universitario estatal, beneficiando a las instituciones privadas: lo contrario de aquello a que los dirigentes estudiantiles aspiran.

El ministro de Educación es un destacado economista, para quien el lenguaje de los incentivos y la eficiencia en el uso de los recursos es parte de su formación y práctica profesional, de modo que él entiende claramente el problema de "democratizar" las universidades estatales. ¿Cederá a las demandas estudiantiles en esta materia? Durante este año serán elegidos los rectores de la Universidad de Chile y la USACh, entre otras, lo que intensificará el debate. El ministro deberá decidir entre el conflicto o el compromiso, poniendo a prueba todas sus capacidades profesionales y políticas. Será el momento de la verdad, en el que se conocerá finalmente si el derrotero escogido por el Gobierno es agradar a la "calle" o aspirar con credibilidad a la calidad educacional.