El lema del Gobierno es "más y mejor Estado", en servicios públicos, se entiende; en fiscalización y regulación, pero también impulsando la productividad y el desarrollo, se dice. El programa es amplísimo al respecto. Se aspira a instaurar un Estado Social que asume como mandato los derechos económicos, sociales y culturales, propiciando mayor igualdad. Una concepción política derivada del Estado de Bienestar.

Fórmula que surgió a fines del siglo XIX en Occidente, hasta consolidarse en Europa promediando el siglo siguiente. ¿Su predicamento? Resolver desigualdades provocadas por la Gran Depresión y la Segunda Guerra. Hubo diferentes modelos según países, aunque con funciones más o menos similares: redistributivas, protección social, educación gratuita, empleo público, vivienda. Fue la institucionalización de los llamados derechos sociales garantizados para todo ciudadano. Sin duda hubo progreso económico, pero fue variable acorde con el modelo y la economía mixta de mercado implementada.

Chile asumió la tendencia. Los gobiernos de Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez y, especialmente, de los presidentes radicales, estuvieron inspirados en la idea de Estado Benefactor. Se promovió la intervención estatal en forma creciente, controlando las variables macroeconómicas más importantes. Incluso la entidad fomentó la industrialización, mediante medidas proteccionistas, con empresas estatales y otorgando incentivos y respaldo técnico a otras semifiscales y privadas (Corfo). El gasto se elevó considerablemente para satisfacer demandas, en alza, de sectores populares y medios, siendo la fuente de recursos financieros un repertorio de ingresos tributarios, contribuciones previsionales y un crecimiento económico solo razonable.

Sin embargo, la migración campo-ciudad y la inclusión democrática de nuevos grupos sociales que exigieron acceder a dichos beneficios terminaron por hacer colapsar el sistema. La base de sustentación del modelo fue insuficiente. Conste que era un país distinto y mejor preparado que el actual en términos demográficos. La población era abundante, con tasas de natalidad que aseguraban el recambio generacional y una fuerza laboral adecuada para solventar las necesidades tributarias y productivas.

Hoy el panorama es otro. La fecundidad está bajo la tasa de recambio (1,8 hijos por mujer; en 1950 eran 5,4), ubicándonos entre los países de menor natalidad continental, situación que puede empeorar. Hay más solteros que casados, los matrimonios son más tardíos, el 14% de los hogares son unipersonales, se prefiere la convivencia en general y entre personas del mismo sexo en particular (hoy 35 mil parejas). Considérese además que la mortalidad ha descendido apreciablemente, situando la esperanza de vida al nacer por sobre los 83 años para ambos sexos. Las proyecciones demográficas del INE al año 2050 auguran un estancamiento y envejecimiento poblacional.

¿Posibles repercusiones, sin contar escenarios externos negativos? Demanda por bienes y servicios decreciente, contracción del ahorro y productividad, fuerza laboral sin impulso o estancada, y recursos geométricamente menores para financiar programas de previsión, salud y otros.

Se trata de una variable que el programa del gobierno que comienza no considera. No se conocen fórmulas y mecanismos, pero, con tanta política pública de largo plazo proclamada en favor de los derechos sociales -"cambios estructurales"-, es razonable preguntar si podrán mantenerse en el tiempo o qué dimensión podrá alcanzar el Estado Social con esta transición demográfica, que no es menor. ¿Se hizo la prospección en cuestión o es un salto al vacío? ¿Qué cree usted? ¿La base económica será suficiente esta vez?