La petición de perdón del intendente Huenchumilla a los descendientes de etnias originarias en La Araucanía ha sido acogida por diversos sectores y respaldada por la Presidenta de la República. Evidentemente, la inmensa mayoría de los chilenos aspira a que ninguna zona del territorio esté al margen del Estado de Derecho, la paz social, la normalidad institucional. Desgraciadamente, esas aspiraciones y los gestos simbólicos que buscan expresarlas no han encontrado en los últimos días manifestaciones reales que parezcan conducentes a tales metas.

Así, es hondamente preocupante que el Ministerio Público haya dispuesto trasladar a Villarrica al fiscal de Collipulli a raíz de amenazas en su contra. Dicho funcionario fue fiscal jefe de esta última comuna desde 2011 y debió llevar adelante una decena de investigaciones vinculadas al conflicto mapuche. Como consecuencia, ha sufrido hostigamientos -incluso insultos en sala y disparos al aire durante procedimientos en terreno-, escupitajos, y recibido mensajes amenazantes en las redes sociales.

Con razón, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales ha declarado que a las amenazas a sus colegas "no se les ha tomado el peso. Somos la cara visible de la persecución a la delincuencia. (...). Estamos expuestos y no hay mayores resguardos".

Esto aparece como una abdicación del Estado, que debe poder garantizar a sus agentes -en este caso los fiscales- que podrán cumplir las funciones que el derecho les encomienda en un marco de razonable seguridad. Mal puede exigirles la eficacia que la sociedad espera de ellos si por comprensibles razones humanitarias debe trasladarlos para proteger su integridad física y la de sus familias. Por otra parte, el traslado no constituye solución, porque lo que sufrió el trasladado, previsiblemente lo sufrirá también quien lo suceda. Y si esto es algo que asimismo está ocurriendo respecto de fiscales en casos de narcotráfico -como informó el presidente gremial-, este grave problema, que debería destacarse en las cuentas públicas del fiscal nacional, demanda una urgente reacción de las autoridades competentes.

Lo concerniente a fiscales en La Araucanía difícilmente puede analizarse sin considerar también otras señales de la autoridad regional. Entre sus primeras actividades, el nuevo intendente visitó la comunidad más radicalizada de Ercilla, en loable ánimo de diálogo y entendimiento, siendo recibido por dirigentes que no enarbolaban la bandera de Chile, sino la que califican como de su etnia. Más allá de "apurar el tranco" para resolver un problema de compra de terrenos a un particular para entregarlo a la comunidad autónoma de Temucuicui, que los mantiene tomados por la fuerza, el intendente recibió la exigencia del retiro policial desde toda la zona en conflicto de esta región. A esto respondió en términos genéricos, anunciando que conversará con las policías y el Ministerio del Interior para evaluarlo. El vocero de la comunidad concluyó entonces que esperan tener respuestas a sus peticiones en 15 días, porque si no hay solución, la comunidad continuará por la fuerza recuperando las tierras.

Evidentemente, las nociones básicas del Estado de Derecho están dejadas de lado si una interlocución semejante se admite como normal y no media al menos una reivindicación verbal por parte del Ejecutivo en cuanto a que a él le compete como función primera "todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior (...), en conformidad con la Constitución y las leyes". Retirar a las instituciones de orden y seguridad pública equivaldría a entregar a la población al arbitrio del más fuerte. Un anuncio con plazo expreso de continuar por la fuerza apoderándose de tierras desafía esa atribución y deber esenciales del Ejecutivo, y parece plantear un escalamiento desafiante de lo observado hasta ahora.