Graves son los alcances del proyecto de ley que próximamente deberá votar el Senado y que pretende obligar a las radios a destinar a lo menos el 20% de su programación a la música chilena. Planteada con el loable propósito de relevar los valores de la identidad nacional, la iniciativa no solo resultaría ineficaz y hasta contraproducente para alcanzar ese objetivo, sino que además supondría un severo daño a la libertad de expresión. Con razón la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) ha expresado su rechazo y el presidente de esa agrupación ha hecho ver que una normativa así significaría intervenir de manera directa en la programación de un medio de comunicación.

El proyecto surgió como moción presentada por un grupo de diputados. Originalmente buscaba asegurar la difusión de música folclórica, pero luego, en el texto que aprobó la Cámara, se extendió el concepto de música nacional a toda pieza compuesta o interpretada por un chileno. De este modo, más que proteger un patrimonio cultural, se trata de una iniciativa que beneficia los intereses de quienes se dedican en Chile a la actividad musical. Por lo mismo, no es extraño que haya suscitado el respaldo entusiasta de las entidades que los agrupan: si bien las radios destinan como promedio alrededor del 16% de su programación a la música nacional -algunas incluso superan el 30%-, los artistas, siguiendo una lógica similar a la de todo grupo de interés, lo consideran insuficiente. Tal reclamo puede ser legítimo, pero no cabe atenderlo de un modo que menoscabe otros derechos, como el de poder cada medio definir libremente sus contenidos y línea editorial.

La radio goza de altos niveles de confianza y credibilidad entre los medios de comunicación, debido en gran parte a la diversidad de perfiles y contenidos que cada estación ofrece. Dicha variedad es demandada por audiencias cada vez más exigentes y segmentadas en su consumo cultural. Cualquier normativa tendiente a imponer contenidos atenta contra esa riqueza, y resulta además ineficaz en un contexto de continuos avances tecnológicos que permiten acceso instantáneo a la información global. De hecho, la experiencia internacional muestra que iniciativas como la que se discute en Chile derivan en el rechazo de las audiencias y provocan efectos perversos, como la piratería y la búsqueda de resquicios, que van en detrimento del objetivo buscado. La actual institucionalidad cultural admite, en cambio, el diseño de incentivos y políticas de fomento, sin necesidad de imponer por ley prácticas de consumo cultural.

Es preocupante la tendencia a legislar sobre cuestiones que afectan la libertad de elección y expresión de la ciudadanía, ya evidenciada a propósito de la Ley de TV Digital. Con el discurso de promover y defender valores se puede terminar vulnerando principios fundamentales que sustentan el sistema democrático. Es de esperar que la sala del Senado siga la decisión de su comisión de Educación, que votó negativamente este proyecto.