Es difícil hacer una evaluación equilibrada de la gestión educacional del gobierno de Sebastián Piñera, atendida la importancia de las movilizaciones estudiantiles que marcaron el período y las prioridades en esta materia de la administración que asume hoy. Si dicha evaluación se guiara por estos fenómenos, podría calificársela como negativa, pero sería una mirada muy superficial y, en definitiva, injusta.

El gobierno que termina logró avanzar en las dimensiones de acceso, financiamiento y calidad en los tres niveles educativos: parvulario, escolar y superior. Por cierto, los logros son heterogéneos. Por ejemplo, en educación superior logró aliviar la enorme carga que enfrentaban las familias, por medio de un aumento y un mejor diseño de las becas. Al mismo tiempo, resolvió los altos costos del sistema de créditos estudiantiles y lo extendió a sectores que antes no los recibían. La forma de pago luego del egreso se reformó en beneficio de los estudiantes. Estos ahora se enfrentan a una tasa de interés menor y nunca deben pagar cuotas superiores al 10% de sus ingresos. Sin embargo, no se logró aprobar los proyectos de ley para perfeccionar el marco regulatorio y asegurar una mayor calidad en las instituciones de educación superior.

En educación escolar se aumentaron los recursos, particularmente para los estudiantes más vulnerables, reconociendo que había aquí importantes déficits financieros. La administración Piñera flexibilizó, además, el uso de los dineros de la subvención escolar preferencial, la que extendió a la educación media. Los nuevos recursos, junto con la puesta en marcha de un nuevo sistema de supervisión y aseguramiento de la calidad, deberían producir un efecto positivo en las salas de clases. Por primera vez, todos los establecimientos van a tener que satisfacer estándares mínimos y van a contar con apoyo especializado de la nueva Agencia de Calidad para estos propósitos. Pero también se renovaron completamente los currículos de la educación escolar hasta segundo medio, apuntando a desarrollar el pensamiento crítico. Además, se mejoraron sustancialmente los textos escolares, los que se complementaron con materiales educativos de primera calidad, incluyendo antologías de lecturas que pueden fortalecer la formación cívica y cultural de nuestros estudiantes. El apoyo a la educación técnico-profesional, largamente postergada, también debe destacarse.

Relevante fue el esfuerzo por flexibilizar el Estatuto Docente y asegurar una selección más profesional de los directores de las escuelas y liceos municipales. A la fecha, alrededor de mil directores han sido seleccionados por la Alta Dirección Pública. Estas medidas fueron expresión de un esfuerzo por mejorar la educación pública, aunque esta es un área en la que quedan asuntos pendientes. El proyecto de ley enviado por el Gobierno para fortalecerla fue muy deficiente y no se discutió. La beca Vocación de Profesor ayudó a asegurar que más jóvenes de altas habilidades se interesaran en la pedagogía. Se destinó financiamiento para mejorar programas de formación inicial en diversas escuelas de educación. Pero, aunque se envió un proyecto de carrera profesional para retener a buenos profesores en las salas de clases, no avanzó mayormente en el Congreso. El principal desafío de la educación chilena es asegurar buenos docentes y se está a gran distancia de lograrlo. Se requieren varios gobiernos para cumplir con este propósito. El de Piñera fue menos sistemático de lo deseable en esta tarea.

También se puso mucho mayor atención a la educación parvularia, aumentando cobertura y recursos. Además, se llevaron adelante acciones —desde capacitación de educadoras hasta la entrega de mejores materiales educativos— para asegurar calidad en este nivel.

Así, si bien se cometieron errores y proyectos relevantes no se aprobaron, una mirada desapasionada a la agenda educacional del gobierno de Sebastián Piñera encuentra coherencia en ella, con importantes avances específicos.