Celebro que el gobierno que asume hoy haya anunciado que su ministro de Economía liderará una agenda de reformas pro innovación, productividad y crecimiento. Ello urge en Chile, cuyo crecimiento por mayor productividad ha sido muy bajo en los últimos 15 años. Hemos crecido mucho por transpirar más (acumulando trabajo y capital), pero muy poco inspirándonos más (siendo más eficientes).

Pues bien, para crecer en productividad se requiere hacer muchas cosas bien; entre ellas, crear fuertes incentivos para el emprendimiento privado y la innovación productiva.

Es condición necesaria para el desarrollo integral (aunque no es suficiente) que Chile cuente cada año con más emprendedores innovadores dispuestos a tomar riesgos y a deslomarse por sus ideas, para alcanzar una combinación de logro empresarial, reconocimiento social y (¡sí!) lucro.

También celebro la agenda pro competitividad que impulsó el gobierno que termina hoy.

Entre las acciones pro emprendimiento se facilitó mucho el inicio de nuevas empresas. El costo para empezar un negocio ha caído de 12% a 1% del ingreso por habitante durante la última década. El tiempo requerido para iniciar un negocio disminuyó de 26 a seis días en los últimos cuatro años. Así, la formación de nuevas empresas se triplicó en una década, llegando a más de 85 mil en 2013. En este notable avance influyó el programa de constitución de nuevas sociedades en un día, que permitió que estas empresas aumentaran desde 4.900 mensuales en 2011 a 7.100 mensuales en 2013.

Otras iniciativas pro emprendimiento incluyen la nueva ley de quiebras y muchos programas de apoyo desarrollados por Corfo. Destaca Start-Up Chile, un programa que entrega apoyo logístico y financiero a nuevos emprendedores de otros países, quienes postulan y son seleccionados para utilizar a Chile como plataforma de desarrollo de un proyecto innovador, generando empleo en Chile e interactuando con empresas locales. Desde 2010, 10.500 proyectos de 112 países han postulado, de los cuales 730 se han seleccionado e instalado en Chile. El éxito de Start-Up Chile ha llevado a que lo imiten en otros países.

Un gran número de programas apoyan la innovación en Chile.

Destacan el financiamiento de la investigación científica y tecnológica y la formación de capital humano especializado, así como el apoyo a la difusión y transferencia tecnológica. Chile atrae activamente la instalación de centros extranjeros de excelencia en I+D (Investigación y Desarrollo), tanto académicos (por ejemplo, Fraunhofer e Inria) como corporativos (por ejemplo, GDF Suez y Pfizer). Con financiamiento público y privado, se han formado 10 consorcios tecnológicos privados en Chile, seleccionados por su calidad, y no por su pertenencia a sectores económicos elegidos a dedo.

Una nueva ley de incentivo tributario a I+D modificó sustancialmente la antigua normativa y flexibilizó los requisitos exigidos a las empresas. El éxito de esta nueva ley se refleja en que desde fines de 2012 se han certificado proyectos de I+D por un monto equivalente al triple de lo aprobado con la antigua ley en cuatro años.

El Índice Global de Innovación mide tanto las condiciones que ofrecen los países para innovar como sus resultados en conocimientos, tecnología y creatividad. Pues bien, Chile se encuentra en el lugar 46 del mundo (por ejemplo, entre China y Colombia) y a una distancia enorme respecto de los cuatro punteros mundiales. Una razón importante de este resultado mediocre es el muy bajo gasto en I+D que se hace en Chile, en torno al 0,35% del PIB. Esta razón no ha cambiado en seis años, es parecida a la de Egipto o Colombia, pero es solo la décima parte de la de Israel o Alemania.

Por lo tanto, aunque Chile ha alcanzado algunos logros, quedan enormes retos para desarrollar una cultura de emprendimiento e innovación. Sugiero cinco desafíos claves para las políticas públicas del nuevo gobierno en esta materia:

(1) Otorgar una alta prioridad a las políticas de fomento del emprendimiento, la innovación, la productividad y el crecimiento de Chile. (2) Evaluar sistemáticamente la efectividad de los programas públicos. (3) Cerrar los programas públicos inefectivos y expandir los efectivos. (4) Mantener la neutralidad sectorial de las políticas de fomento, evitando la tentación de beneficiar selectivamente a “clusters” de empresas o sectores ganadores y resistiendo los lobbies privados correspondientes. Como argumenté en una columna anterior, la evidencia chilena y mundial sobre la efectividad de políticas industriales “verticales” (o discriminatorias) es lapidaria. (5) Buscar la máxima complementariedad entre el fomento de emprendimiento e innovación con otras reformas estructurales de alta prioridad gubernamental, como una educación de calidad, una matriz diversificada de energía más barata y una reforma tributaria bien pensada.

Debemos fortalecer las condiciones para que muchos más emprendedores creativos e innovadores de talla mundial, como Fernando Fischmann, Juan Pablo Valenzuela o Alfredo Zolezzi, desarrollen sus sueños desde Chile.