Señor Director:

Los contratos y prestaciones entre universidades privadas y entidades relacionadas donde hay sospechas de que se viola la ley, los puede fiscalizar el Mineduc y no lo hace, dice el rector Víctor Pérez. El Mineduc responde que la ley no otorga al Ministerio facultades coercitivas para obligar a entregar documentos entre privados o declarar un contrato como simulado y, por ello, el Gobierno envió un proyecto para crear una Superintendencia que fiscalizaría la existencia de ilícitos.

¿Quién tiene razón? En alguna medida, ambos. El Mineduc sí puede investigar en las universidades contratos por prestaciones de servicios o pagos a relacionados, siempre que sospeche que hay infracciones a sus estatutos que comprometan el desarrollo de sus proyectos académicos. Y lo hizo con la Universidad del Mar, donde finalmente hubo la revocación de la licencia al detectarse abusos y un profundo daño a la fe pública. ¿Debería investigar todos los contratos, verificando si son necesarios, si hay pagos a precios sobre el mercado que entre relacionados configuren una situación de lucro y que, de paso, pongan en riesgo el desarrollo de la institución? Definitivamente no. Desde luego, son cientos de miles de transacciones y debería abarcar a todas las universidades que constituyen sociedades relacionadas, o sea, todas, públicas y privadas. El Ministerio no está capacitado con la actual estructura, desviaría su atención y no gozaría de la indispensable autonomía.

Por eso, una Superintendencia es un necesario complemento para una efectiva y rigurosa fiscalización. Para forzar a una mejora en la calidad de la información del sistema, que aún es precaria, para evitar abusos de cobros no informados a los estudiantes y para fiscalizar que se cumpla la regulación sobre operaciones con personas relacionadas. La institucionalidad actual es claramente deficitaria en todos esos ámbitos y es inconducente insistir en que el Mineduc asuma labores que no corresponden a sus tareas esenciales.

Carlos Williamson B.