Señor Director:

La muerte del matrimonio Luchsinger MacKay ha sido uno de los crímenes más graves ocurridos en La Araucanía. Por eso era deseable que la justicia aplicara, sobre el único culpable encontrado hasta ahora, la máxima pena establecida para este delito. Sin embargo, en la condena de 18 años de cárcel dictada contra Celestino Córdova es posible reconocer una primera señal de justicia, en el marco de un conflicto que durante años ha comprometido la paz y la seguridad de cientos de familias.

El desafío de devolver la tranquilidad a La Araucanía y hacer justicia con las víctimas es una tarea que está lejos de terminar. La ausencia de nuevos culpables en un crimen que fue operado por un grupo —como los propios jueces determinaron para el caso Luchsinger MacKay— y la impunidad que aún rige en decenas de otros ataques —como el de Seco Fourcade, por ejemplo— son solo algunos de los desafíos pendientes.

Las futuras autoridades de gobierno han anticipado que la ley antiterrorista no se utilizará para resolver actos de demanda social. Esta es una mala señal de parte de quienes asumirán la administración del país y desencanta a la familia agrícola chilena. Quienes han vivido ya por más de 15 años en un ambiente de amenazas y violencia constante esperan del Estado y sus autoridades un compromiso serio con el resguardo del Estado de Derecho, con el principio básico de igualdad ante la ley y con su deber indelegable de proteger la integridad de las personas y la propiedad. Durante los últimos años, muchas familias han abandonado sus casas y sus tierras ante el temor de ser nuevas víctimas de esta escalada de violencia. Quienes se quedan viven en permanente estado de alerta, organizados en cuadrillas de vigilancia pues, a pesar de que la autoridad ha reforzado la dotación policial en la zona, ello no ha sido suficiente para devolver la tranquilidad a los residentes. El temor a denunciar, las amenazas sistemáticas y la inexistencia de cobertura por parte de las aseguradoras son también señales del altísimo riesgo con el que conviven los productores de la región. El ataque a la familia Luchsinger MacKay no hizo más que intensificar este clima de temor, cuyo delito, paradójicamente, no fue calificado como acción terrorista.

El futuro no será esperanzador para estas familias si las autoridades abren espacio para que la violencia se valide como mecanismo para satisfacer las demandas de grupos sociales, por muy legítimas que estas pudieran ser. Este tipo de expresiones afectan gravemente las opciones de lograr un acuerdo social amplio que permita asumir esta problemática como desafío país; y es particularmente preocupante cuando provienen de la autoridad en cuya cartera radica la responsabilidad de garantizar la seguridad pública.

El propio voto de disidencia de uno de los jueces del Tribunal de Temuco, quien calificó como terrorista el ataque contra los Luchsinger, habla de la urgencia de aunar criterios que permitan enfrentar con decisión y valentía estos actos de violencia. Mientras esto no se logre, persistirá el clima de inseguridad e injusticia que hoy prima en la región.

Contrario a esta senda anunciada por las autoridades, la reorganización de las células subversivas que operan en la región, y que han sido identificadas por la policía, exigen actuar con el máximo rigor y sofisticación, aplicando todo el peso de la ley cuando los hechos lo ameriten.

Chile está en deuda con La Araucanía. Es la segunda región más pobre del país. Ahí, un hogar percibe un ingreso medio un 46% más bajo que uno de la Región Metropolitana y un 33% menor que el promedio nacional. En la última década las inversiones en la zona están prácticamente estancadas, poniendo en riesgo su potencial de desarrollo y con ello las posibilidades de progreso de sus habitantes. Este camino, lamentablemente, no hace sino profundizar las desigualdades con el resto de los chilenos y marginarlos de la aspiración de acercarse al desarrollo.

Devolver la seguridad a esta zona y solucionar los problemas históricos que se han desencadenado en este escenario deben constituir la más alta prioridad para nuestras autoridades y para la sociedad completa. La solución debemos buscarla, necesariamente, a través de los códigos del diálogo y de las herramientas legales y judiciales que nos provee la democracia.

Patricio Crespo
Presidente Sociedad Nacional de Agricultura