¿Es correcto solicitar la renuncia de Carolina Echeverría como subsecretaria de las FF.AA.?

Sí. Su padre ha sido acusado de participar en violaciones a los derechos humanos y ella misma habría exigido, mientras fue subsecretaria de Marina, que se retiraran unas querellas por tortura como condición para acceder a la calidad de exonerado político.

Ninguno de esos hechos -ni su filiación ni el pragmatismo que mostró en su anterior cargo- es constitutivo de delito.

¿Qué justifica entonces solicitar su renuncia?

El problema es el estándar que habrá de aplicarse, de aquí en adelante, a los funcionarios gubernamentales: si para serlo bastará no haber cometido delito o si, en cambio, habrá una exigencia mayor.

Durante el gobierno que expira, la oposición esgrimió una y otra vez un estándar superior al meramente legal a la hora de evaluar la idoneidad de los funcionarios. Se reprochó al propio Piñera haber oído nada más que las exigencias legales a la hora de juzgar sus propios conflictos de interés. Se dijo entonces que mientras los ciudadanos eran libres de ejecutar todo lo que la ley no prohíbe, los funcionarios estaban sometidos a una exigencia mayor, de índole ética. No se trataba de moralizar la política, se agregó, sino de trazar unas obligaciones mínimas, apenas superiores a las legales, a la hora de juzgar la idoneidad y el comportamiento de los funcionarios. Si el funcionario podía verse obligado a elegir entre su propio interés y el público, o si su comportamiento previo parecía inconsistente con el que su cargo demandaba, ello, se alegó reiteradas veces, impedía su permanencia en el Estado.

Si todo eso fue válido durante el gobierno de Piñera, debe ser también válido ahora ¿O no? Una regla de conducta que se aplica al adversario, pero no a sí mismo, es simple estrategia, mero cálculo. Si esa regla se aplica, en cambio, a todos, sin excepción, a los de este lado y a los de allá, entonces posee una índole ética. Las críticas que se dirigieron una y otra vez al gobierno de Piñera por los conflictos de interés o el comportamiento pasado de alguno de sus funcionarios ¿eran simple estrategia en la lucha política o se trataba de genuinas exigencias de ética pública?

Si se trataba de exigencias emanadas de la ética pública, es decir, de exigencias de conducta imprescindibles para que las instituciones funcionen bien, entonces la Presidenta Bachelet y su ministro de Defensa no tienen buenas razones para mantener la nominación de Carolina Echeverría.

El hecho de que su padre sea acusado de violar los derechos humanos la obliga a escoger entre la lealtad a su familia y la obediencia a la ley. No es este, claro está, un conflicto de índole patrimonial como el que se reprochó tantas veces a los funcionarios que abandonan La Moneda, pero es el paradigma de quien debe escoger entre dos obligaciones: la que impone el amor filial y la que impone el deber hacia el Estado. Se dirá que Echeverría ya escogió; pero eso equivale a negar la índole objetiva del conflicto exigiendo de la ciudadanía, y especialmente de las víctimas de la dictadura, una confianza ciega en ella. ¿Qué justifica exigir tanto a las víctimas y tan poco a los funcionarios?

Pero eso no es todo.

Al problema anterior se suma el comportamiento pasado de la hasta ahora nominada subsecretaria.

Después de que Piñera, un Presidente de derecha, denunció la complicidad pasiva en las violaciones a los derechos humanos, se negó a suavizar el trato a los militares implicados en ellas, arriesgando incluso la desafección de sus partidarios, y luego trazó una línea entre quienes apoyaron a la dictadura y quienes no. ¿Cómo explicar ahora que un gobierno de izquierda nomine a una persona cuyo comportamiento pasado en esta materia pareció estar más cerca del pragmatismo que de los principios?

Que con tales antecedentes se porfíe en mantener a Carolina Echeverría en su cargo -violando así, además, por febles motivos y por enésima vez, la promesa de que nadie se repetiría el plato- es simplemente inexplicable.

Además de dañino.

Y no solo para el próximo gobierno, sino, lo que es peor, para los estándares con que se juzgará la vida pública en Chile.