Atención a suscriptores
Su contrato de suscripción digital está por vencer. Para renovar por un año adicional presione aquí.
RenovarCartas
Sábado 22 de febrero de 2014
Legislación vigente en educación
Señor Director:
Respecto de las declaraciones de la ministra de Educación, Carolina Schmidt, en "El Mercurio", quisiera precisar que sus facultades y obligaciones para investigar la forma en que Laureate ingresó y opera en Chile están descritas en el artículo 64 del DFL Nª 2 de 2009, reafirmadas en diversos dictámenes de la Contraloría General de la República que establecen que el Ministerio de Educación sí tiene facultades robustas para cumplir su tarea fiscalizadora.
Ello confirma que la ministra Schmidt sí tiene facultades para investigar situaciones que podrían violar la ley vigente, como la compraventa de la marca y los estudiantes de la Universidad Andrés Bello y los millonarios traspasos que se habrían realizado desde esa universidad y la Universidad de las Américas a su matriz Laureate, y que sí debe informar a los estudiantes, sus familias y el país sobre qué está investigando en la Universidad Andrés Bello y en la Universidad de Las Américas de Laureate, porque la reserva que establece la ley solo tiene relación con los antecedentes recopilados.
Es lamentable y afecta gravemente la fe pública y la necesaria credibilidad que la ministra Schmidt actúe con secretismo, realizando investigaciones simbólicas e incompletas en forma tardía y parcial, que podrían ser vistas como avalando en los hechos la aparente impunidad con que están actuando diversos retails educacionales, que violarían la ley, lo que podría significar incluso un mal uso de recursos públicos, más aún considerando que las universidades privadas recibirán este año más de US$ 1.000 millones del presupuesto nacional, dinero de todos los chilenos que se usará y manejará sin control de la Contraloría General de la República, ni sujeción a la Ley de Transparencia y al Portal Mercado Público.
La Universidad de Chile lleva muchos años exigiendo públicamente el cumplimiento de la ley en Chile y lo seguirá haciendo, la que establece claramente la forma en que todos los actores del sistema educacional, incluido el ministerio, deben actuar.
Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile
Respecto de las declaraciones de la ministra de Educación, Carolina Schmidt, en "El Mercurio", quisiera precisar que sus facultades y obligaciones para investigar la forma en que Laureate ingresó y opera en Chile están descritas en el artículo 64 del DFL Nª 2 de 2009, reafirmadas en diversos dictámenes de la Contraloría General de la República que establecen que el Ministerio de Educación sí tiene facultades robustas para cumplir su tarea fiscalizadora.
Ello confirma que la ministra Schmidt sí tiene facultades para investigar situaciones que podrían violar la ley vigente, como la compraventa de la marca y los estudiantes de la Universidad Andrés Bello y los millonarios traspasos que se habrían realizado desde esa universidad y la Universidad de las Américas a su matriz Laureate, y que sí debe informar a los estudiantes, sus familias y el país sobre qué está investigando en la Universidad Andrés Bello y en la Universidad de Las Américas de Laureate, porque la reserva que establece la ley solo tiene relación con los antecedentes recopilados.
Es lamentable y afecta gravemente la fe pública y la necesaria credibilidad que la ministra Schmidt actúe con secretismo, realizando investigaciones simbólicas e incompletas en forma tardía y parcial, que podrían ser vistas como avalando en los hechos la aparente impunidad con que están actuando diversos retails educacionales, que violarían la ley, lo que podría significar incluso un mal uso de recursos públicos, más aún considerando que las universidades privadas recibirán este año más de US$ 1.000 millones del presupuesto nacional, dinero de todos los chilenos que se usará y manejará sin control de la Contraloría General de la República, ni sujeción a la Ley de Transparencia y al Portal Mercado Público.
La Universidad de Chile lleva muchos años exigiendo públicamente el cumplimiento de la ley en Chile y lo seguirá haciendo, la que establece claramente la forma en que todos los actores del sistema educacional, incluido el ministerio, deben actuar.
Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile
