En ocasiones, el debate chileno sobre la educación superior elude aspectos de fondo, desviando la atención hacia otros asuntos. Algo de eso es lo que ocurre cuando diversos rectores de universidades estatales, particularmente el de la Universidad de Chile, levantan la voz para cuestionar el hecho de que esos planteles solo reciban el 42% de los fondos públicos destinados a universidades,? pese a ser las únicas sometidas a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Respecto de esta última situación, se olvida decir que las universidades estatales se encuentran sujetas a ese control en tanto organizaciones del Estado y no en su condición de receptoras de fondos públicos. De hecho, también las empresas portuarias, pese a no recibir dineros públicos, son igualmente fiscalizadas por la Contraloría, en su carácter de organismos del Estado. Al mismo tiempo, hay numerosas empresas privadas que reciben fondos públicos por bienes y servicios que le prestan al Estado y que no son objeto de tal fiscalización.

Puede ser razonable crear un estatuto especial para las universidades estatales, que levante algunas restricciones que pueden significar los controles de Contraloría, pero corresponde discutir eso en su propio mérito. Y en esta deliberación no se puede olvidar que las universidades estatales son los únicos órganos del Estado que, en la práctica, se autogestionan y no rinden cuenta por sus actividades. La Contraloría hace un control de legalidad, como en todo el Estado, pero no de mérito. Las universidades estatales de otras naciones, salvo excepciones, han avanzado a modelos de gobierno muy diferentes de los que se observan en Chile. Es curioso que se soslaye el debate de fondo y más bien se insinúe que las universidades privadas también deberían estar sometidas al control de la Contraloría, práctica que no tiene ninguna referencia histórica en nuestro país y tampoco en la experiencia comparada.

Respecto del porcentaje de aportes públicos, los rectores de las universidades estatales olvidan mencionar que ellos acogen al 25% de los estudiantes que asisten a las universidades. Así, el financiamiento fiscal total que reciben, y que alcanza aproximadamente a 2,2 millones de pesos por estudiante, duplica al de las universidades privadas. Un debate con altura de miras debería iniciarse reconociendo que ya se parte de un trato preferente. Es cierto que las diferencias de financiamiento con las universidades privadas que pertenecen al Consejo de Rectores son mínimas, pero ha sido así desde hace décadas, incluso en el período en que las universidades del país eran ocho, matriculaban a pocos estudiantes y eran gratuitas. Siempre se podría modificar esa situación, pero el tema requiere un debate serio respecto del financiamiento universitario de largo plazo, que considere no solo el carácter jurídico de las instituciones —quizás el aspecto menos importante de todos para definir su financiamiento—, sino su complejidad, el nivel de su investigación, la calidad de su profesorado, los aprendizajes de los estudiantes, la inserción laboral de los egresados y la carrera e independencia académica de sus miembros, entre otros.

Asimismo, y considerando que las universidades privadas creadas después de 1981 no reciben normalmente financiamiento directo, y cuando lo hacen se trata de pocos fondos asociados a concursos muy específicos, cabe preguntarse a qué apunta exactamente el cuestionamiento a la distribución de los fondos públicos. ¿Es que acaso se cree que los estudiantes que eligen esas universidades no deberían tener los mismos beneficios? O mejor dicho, y considerando que en la actualidad ya son discriminados en materia de becas, ¿deberían tener aún menos beneficios, en comparación con quienes van a las universidades del Consejo de Rectores? Tal vez, lo que en verdad se cree es que el acceso a las universidades debería ser mucho más reducido, de modo tal que solo unos pocos elegidos tengan este privilegio. Pero si eso es lo que se piensa, ¿por qué no se transparenta el debate?