Días atrás, el ex Congreso Nacional, en Santiago, fue sede de dos eventos sobre ciencia, tecnología e innovación (CT&I) en nuestro país: la Conferencia "Mentes transformadoras", organizada por el Instituto de Neurociencias Biomédicas de la Universidad de Chile, y el III Congreso del Futuro, organizado por la Comisión Desafíos del Futuro, del Senado de la República, y de un anuncio, el formulado por el Presidente de la República, de que enviará un proyecto de Ley para la creación de un ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Siendo la institucionalidad y las políticas públicas sobre CT&I parte de la actual agenda en esta materia, hay acciones de corto y mediano plazo que no debieran demorar.

Entre las primeras están: constituir una instancia integrada por representantes de amplios sectores de la sociedad, para proponer en un plazo breve una Política Nacional en CT&I para los próximos años sobre la base de objetivos de desarrollo país; establecer una institucionalidad que permita darle expresión política a las estrategias de desarrollo de CT&I que supere la actual fragmentación del sistema, con llegada directa a la Presidencia de la República y capacidad de incidir en los presupuestos y las políticas públicas en esta materia; institucionalizar, mediante una Ley, el funcionamiento del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) y que sea un efectivo órgano consultor de la Presidencia en CT&I, y fortalecer la institucionalidad, gestión y el presupuesto de Conicyt, estableciendo formalmente su Consejo y asegurando su representatividad sectorial y regional.

Y entre las segundas: llegar a invertir el 1,5 % del PIB en CT&I, en un período de 8 años; ampliar significativamente el personal académico, infraestructura y equipamiento en las universidades que realizan investigación de excelencia en el país; desarrollar la CT&I a nivel nacional y regional en forma equilibrada y sustentable; crear programas de investigación en CT&I en ministerios sectoriales (Minería, Energía, Agricultura, etc.); establecer, como parte del Nuevo Trato del Estado con sus universidades, una red nacional e integrada de centros de investigación de excelencia abocados a temas estratégicos para el desarrollo nacional y regional del país.

No obstante lo importante que significa tener una institucionalidad y políticas públicas robustas en estas materias, al momento de definirlas se olvida que el desarrollo en CT&I y de los programas de doctorado no se logran en las oficinas ministeriales, se logran con rigor y oficio en las universidades -en sus laboratorios, talleres, en las salidas a terreno, en sus aulas-, en las que se realiza casi toda la investigación que se hace en el país.

Hasta ahora no hemos visto que se coloque el desarrollo de las universidades como eje central en la institucionalidad y en las políticas públicas para el desarrollo de la CT&I; para qué decir de las estatales, y de la U. de Chile en particular, las cuales, para su dueño, el Estado, parecen ser más una molestia que un patrimonio cultural, humanístico, científico, tecnológico y de ciudadanía a proteger y desarrollar.

Para los países del Primer Mundo, tener universidades estatales de clase mundial es parte de la política de Estado en CT&I, por lo que ellas contribuyen al desarrollo nacional en la nueva sociedad del conocimiento y la información.

Así también lo entiende la U. de Chile, que gracias al compromiso y excelencia de su gente es la N {+o} 1 del país en investigación, en programas de doctorado acreditados y en los concursos de proyectos competitivos a los que llama el Estado, y la única universidad chilena entre las 500 mejores del mundo en el ranking SCImago, que solo considera la productividad en investigación. Y eso que el Estado solo le financia de manera directa menos del 10% de su presupuesto total, lo que ni siquiera ocurre con las universidades estatales de los países desarrollados.

Por eso hemos planteado la urgente necesidad de que el Estado aproveche la capacidad, potencial y oficio que la Universidad de Chile ha demostrado tener y le dé la oportunidad, por el bien de Chile, para que pase a estar entre las 200 mejores del mundo, con otro nivel de complejidad en las actividades de CT&I y con la responsabilidad de trabajar en conjunto con las demás universidades estatales, para que ellas se constituyan en polos de desarrollo cultural, educacional, humanístico, científico y tecnológico a nivel regional y nacional.

Víctor Pérez Vera
Rector de la Universidad de Chile