Señor Director:

Si la entrevista de la ministra de Educación, Carolina Schmidt, en "El Mercurio" fue reveladora, más aun lo es la carta que envió a través de su jefe de Educación Superior, quien omite dos realidades fundamentales para la fe pública.

La primera es que la agencia Bloomberg informó que "en Chile, la educación con fines de lucro es técnicamente ilegal, pero Laureate dice que ha eludido legalmente la prohibición mediante la adquisición de los asientos en los directorios de las universidades y luego la venta de servicios a las universidades". Curiosamente, la ministra Schmidt no realizó ninguna investigación seria y formal al respecto, pero sí mantuvo sus líneas de financiamiento público con recursos de todos los chilenos, lo que es especialmente grave por la amplia y profunda red de influencias y lobby que al parecer utilizaría este tipo de instituciones.

La segunda es que las universidades privadas tradicionales y nuevas, como las de Laureate, se llevan el 58% del presupuesto nacional destinado a universidades, sin fiscalización obligatoria de la Contraloría General de la República, sin sujeción a la Ley de Transparencia ni del portal Mercado Público. Y la ministra Schmidt no quiso patrocinar ninguna de estas medidas de control, denunciadas por el propio contralor general de la República en la ley de Presupuesto 2014. Se trata de US$ 1.000 millones anuales de dineros públicos que no tienen control público.

Estas omisiones reafirman que las declaraciones de la ministra Schmidt a "El Mercurio" son reveladoras e inaceptables, porque desconocen que las presiones y el lobby por dineros públicos viene precisamente de las universidades privadas, que no rinden cuenta del uso que dan a esos dineros públicos, algunas de las cuales hacen una aplicación falsa de la ley que prohíbe el lucro en las universidades, no pagan impuestos, y obtienen lucro comprando servicios a sus matrices.

La gravedad de la información publicada por la agencia Bloomberg exige que la ministra se haga cargo de esa denuncia, algo que venimos exigiendo desde hace años, cuando varias universidades, incluyendo sus marcas y estudiantes, fueron en la práctica vendidas en operaciones que consumaron el lucro prohibido por ley, consagrando de hecho el retail educacional privado.

Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile