La renuncia de quien había sido nominada por la Presidenta electa para ocupar la Subsecretaría de Educación es un hecho cuya gravedad trasciende lo inédito de la situación. Equivocadamente, se ha querido equiparar su caso al de otros nombramientos efectuados por la próxima Mandataria, los que han recaído en personas con antecedentes discutibles, ya sea de tipo judicial o administrativo. Muy distinto de eso, el problema suscitado en torno a Claudia Peirano no se vincula con una insuficiente revisión de datos -su trayectoria y sus ideas eran ampliamente conocidas en el mundo educacional-; su naturaleza es estrictamente política. Los cuestionamientos a su persona fueron levantados por dirigentes estudiantiles actuales y otros que, habiéndolo sido, se aprontan ahora a asumir como parlamentarios, todos los cuales aspiran a jugar un papel protagónico en el debate por las reformas educacionales que Michelle Bachelet ha comprometido como política central de su gobierno. Dichos dirigentes han venido desde hace meses reclamando una suerte de poder vinculante para el llamado movimiento estudiantil, de tal modo que sus opiniones resulten obligatorias para el resto de los actores -desde luego, para el Gobierno y los parlamentarios- y definan el curso de los cambios. Obviamente, tal pretensión se aparta de los principios básicos de una democracia representativa y plantea un conflicto que puede marcar el próximo período y del cual la controversia en torno a Peirano puede ser un primer episodio.

La evolución de este capítulo ha tenido aristas preocupantes. Como bien destaca en entrevista a este diario la ex ministra Mariana Aylwin, las críticas a la frustrada designación se han caracterizado por un dogmatismo que se creía relegado a otras épocas, según el cual la fe absoluta en la consigna de gratuidad y una adhesión sin matices a la letra del programa presidencial pasan a ser la vara para medir a los dignos de ocupar una función pública. Irónicamente, una parte de quienes han liderado los cuestionamientos no apoyaron a la candidata de la Nueva Mayoría y, sin embargo, piden, con inquietante fanatismo, lealtad hacia un programa que no suscribieron, arrogándose el derecho de definir quiénes serían los aptos para llevarlo a cabo y quiénes los sospechosos de tibieza o de adhesión a otros intereses.

Desarrollar en ese clima de sospecha un debate educacional serio resulta muy difícil y así lo percibe la opinión pública: no es casual que los consultados en la encuesta Opina Research para El Mercurio, que publicamos el domingo, ubicaran al movimiento estudiantil, junto a los grupos anarquistas, como la principal fuente de controversia que enfrentará el próximo gobierno. Tal inquietud parecía percibirse también en la actitud de la Presidenta electa el fin de semana, cuando defendió su decisión y respaldó públicamente a quien había nombrado, gesto que destacó este diario. Una parte de su propia coalición, sin embargo, vio las cosas de otra manera y, ya sea por convicción o por cálculo, prefirió sumarse a las voces del movimiento estudiantil antes que cerrar filas con lo que había resuelto su líder.

En esas condiciones -recibiendo cuestionamientos incluso de un sector de la DC, su partido- resultaba muy difícil que Peirano hubiera podido desarrollar con normalidad la gestión de subsecretaria, de modo tal que la renuncia de ayer no fue sorprendente. Lo que resulta complejo de anticipar es la manera en que podrá encauzarse la discusión en adelante, luego de que, en este primer conflicto enfrentado por el futuro gobierno de la Nueva Mayoría, los estudiantes -en palabras de la ex ministra Aylwin- le "doblaron la mano".